Bufete Alaminos

Más de 30 años de servicio al cliente en defensa de sus intereses

Mes: febrero 2015 Página 1 de 2

El Gobierno retira las tasas judiciales para las personas físicas

gallardon

El Gobierno ha acordado hoy en Consejo de Ministros eliminar las tasas judiciales para las personas físicas. Ya lo anunció el presidente, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación y hoy se hace efectivo. Tres años después de su implantación, el Ejecutivo acaba con una de las reformas estrella del que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias a las personas físicas. Se mantienen para personas jurídicas, es decir, para empresas, aunque no se hará efectivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con este anuncio, el ministro de Justicia Rafael Catalá cumple su compromiso anunciado en cuanto aterrizó al Departamento ministerial de revisar las tasas judiciales, que para algunos sectores de la judicatura estaba provocando un grave perjuicio a parte de la población. Los abogados, concretamente, desde el Consejo General de la Abogacía Española, se ha realizado a lo largo de estos tres años una dura batalla para que se corrigieran esas tasas, a las que han calificado en reiteradas ocasiones de inconstitucionales.

En su momento, también se criticó mucho al anterior Departamento de Justicia por aprobar estas tasas sin tomar en consideración la opinión de distintos sectores judiciales, como asociaciones de jueces, fiscales o abogados. Es más,desde Justicia se quiso implantar a la máxima velocidad posible, lo que provocó que no se analizara con suficiente cautela las cantidades fijadas, como reconocieron en ese momento fuentes ministeriales.

El TC, pendiente para resolver

Es más, el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa varios recursos contra las tasas aprobadas por Gallardón y que le provocó muy mala imagen. Desde el órgano constitucional ya estaban elaborando la ponencia para debatirla en pleno y con el objetivo de resolverlo antes de las pasadas Navidades cuando el anterior ministro anunció su dimisión y Catalá, al coger el testigo, prometió en su primer discurso una revisión de las tasas.

Ahora, la resolución del tribunal queda sin sentido una vez que se eliminan gran parte de ellas. Únicamente tendría que resolver respecto de las que quedan vigentes. La Ley de tasas, junto a la pretendida y también fracasa ley del aborto, fueron las dos normas que provocaron mayor impopularidad a Ruiz Gallardón y que le costó finalmente su cargo y su salida de la política.

Durante estos tres años, el Gobierno ha recaudado más de 500 millones de euros gracias a las tasas judiciales, que ha provocado, según diversos sectores, una merma en el acceso a la Justicia. Es más, esta misma semana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), exigía al Ejecutivo que reinvierta los 512 millones de euros que ha fijado como ganancia por las tasas en la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática o la mejora de las condiciones de los trabajadores.

Fuente: elconfidencial.com

Bankia y BFA provisionarán hasta 780 millones para pagar reclamaciones por la salida a Bolsa

Bankia

  • La cantidad que tendrán que provisionar cada una no está cerrada aún
  • El FROB dice que «en ningún caso» se necesitarán más recursos públicos

Bankia y BFA tendrán que provisionar un máximo de 780 millones de euros entre las dos para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de suscripción de acciones y salida a Bolsa de julio de 2011 y que sean derivados de los pleitos civiles interpuestos. Así lo ha señalado este viernes el FROB en un comunicado en el que ha subrayado que «en ningún caso» necesitarán recursos públicos adicionales.

Además, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha explicado que reconoce al Consejo de Administración de BFA «la facultad de suscribir en su caso un acuerdo de reparto entre BFA y Bankia» (de las contingencias derivadas de los pleitos civiles relacionados con la salida a Bolsa).

Para asegurar «la utilización más eficiente de los recursos públicos y maximizar el retorno sobre el apoyo público» otorgado al grupo para la restructuración (más de 20.000 millones de euros), el FROB –accionista único de BFA e, indirectamente, de Bankia, donde controla el 62% del capital- ha impuesto ciertas condiciones.

Una de ellas es, precisamente, «la exigencia de que el eventual acuerdo se limite al reparto de la contingencia máxima estimada actualmente por Bankia, que asciende a 780 millones de euros en el escenario más adverso».

El FROB dice que no cambia su actuación en este caso

En todo caso, el FROB ha querido dejar claro que la adopción de esta decisión, así como los términos del acuerdo que finalmente pudiera suscribirse entre BFA y Bankia, «no supone la asunción de responsabilidad alguna por parte de estas entidades ni altera en ningún punto la estrategia procesal» que el fondo ha seguido hasta el momento.

Además, asegura que esta línea de actuación se «mantendrá en el futuro en relación con los distintos procesos judiciales que se siguen como consecuencia de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia y salida a Bolsa«.

El FROB considera que BFA cuenta actualmente con un patrimonio neto «suficiente» para asumir el coste de su hipotética participación en el acuerdo mencionado anteriormente, por lo que «en ningún caso ésta supondría la utilización de recursos públicos adicionales«.

Fuente: rtve.es

Demanda colectiva de Acciones Bankia anulada

Salida bolsa Bankia 2011

 

La demanda colectiva de acciones Bankia fue presentada por un bufete en Valencia y agrupaba a 2.570 inversores que acudieron en julio de 2011 a la colocación de acciones de Bankia y ahora pretenden recuperar el dinero basándose en la denuncia de los peritos del Banco de España de que las cuentas no reflejaban la realidad de la entidad. Dicha presentación hizo mucho ruido mediático por la gran cantidad de gente agrupada, que pretendía ser el banderín de enganche para atraer a otros muchos accionistas de Bankia (ver cotización) que perdieron prácticamente toda su inversión con la nacionalización.

Sin embargo, esta pretensión ha sido desmontada por un auto del juez David Gericó del Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital del Turia. La demanda solicitaba la nulidad por vicio del consentimiento, es decir, la fórmula habitual utilizada por los preferentistas; significa que, cuando contrataron estas inversiones, no fueron informados correctamente de sus características o directamente fueron engañados, lo que implica que la transacción es nula y la entidad debe devolverles el dinero. En este caso, el citado bufete hablaba de «engaño, publicidad engañosa y realidad patrimonial distinta de la informada», sobre la base de los famosos informes de los peritos.

Sin embargo, el citado juez considera que esto no es así. En primer lugar, explica que existe una gran heterogeneidad entre los 2.570 demandantes, ya que hay clientes muy modestos que invirtieron 2.000 euros y sociedades que metieron 300.000, y entre ellas hay una empresa dedicada a la inversión y una sociedad profesional de economistas y abogados. En su opinión,  aunque la información suministrada hubiera sido idéntica para todos, «no puede partirse de que la incidencia, el impacto o los efectos de la estrategia de comercialización utilizada fueran idénticos en cada una de las suscripciones».

Además, considera que «también podría sufrir gravemente el derecho de defensa de la demandada, a la que no se puede forzar, si se pretende la declaración de nulidad de cada uno de los cientos de contratos a que se refiere la demanda, a pasar por un tratamiento genérico, difícilmente compatible con la acción ejercitada, obligándola a la contestación en el breve plazo legal con las lógicas dificultades para ejercitar el derecho de defensa en relación con cada uno de los contratos cuya declaración de nulidad se pretende».

Bankia gana tiempo

En efecto, la gran victoria de Bankia no es que un juez le dé la razón (puesto que no se la da), sino el tiempo que le permite ganar, ya que ahora todas las demandas tendrán que ser individuales, lo cual no es poca cosa, según admiten fuentes de la entidad, dada la situación en que se encuentra por culpa de todo este lío. En el otro lado, el juez Gericó no tiene en cuenta otros elementos que aparecen en la jurisprudencia que cita como apoyo a su decisión: en sentencias precedentes, se trataba de distintos instrumentos financieros y vendidos a lo largo de un período de tiempo relativamente largo, mientras que en la OPV de Bankia todo el mundo compró acciones y en el mismo momento.

Fuente: elconfidencial.com

Audiencia Provincial condena a devolver el dinero de acciones Bankia

hazte bankero

Se trata de la ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Ávila de una sentencia ya dictada en su día por el juzgado de Primera Instancia número 2, que en noviembre de 2014 declaró la nulidad de un contrato de compra de acciones de Bankia realizada en julio de 2011 por parte de una cliente, cuando salió a bolsa.

Así, se confirma, por primera vez en Castilla y León, una sentencia contra la entidad financiera. La sentencia de la Audiencia Provincial vienen a dar la razón a la accionista que interpuso la demanda por lo que se obliga a Bankia a devolverle toda la inversión que había realizado (5.000 euros) más los intereses y costas judiciales, justificando la condena en que la compra era nula y que «nadie habría adquirido las acciones de haber conocido el estado real de la entidad».

De tal manera, tras la sentencia pronunciada por el juzgado  de Primera Instancia número 2 de Ávila, favorable a la accionista, Bankia interpuso un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado por la Audiencia Provincial y que sienta precendente en Castilla y León al ser la primera sentencia que este tribunal de ámbito provincial dicta   en favor de un accionista y contra la entidad financiera Bankia. Con esta sentencia que desestima el recurso de apelación, la Audiencia Provincial rechaza, por lo tanto, todos los argumentos del banco, que esgrimía, en primer lugar, que la reclamación de esta cantidad debía paralizarse hasta que se aclarase la responsabilidad penal de sus directivos, que va a ser enjuiciada en Madrid.

Sin embargo, para el tribunal que ahora ha dictado sentencia «en nada tiene que ver el procedimiento penal que enjuicia a los directivos de Bankia» con el hecho que se juzga en Ávila. Bankia alegaba también que no había existido nulidad en las contrataciones, aunque la Audiencia no ha considerado lo mismo y ha indicado que los accionistas consentían en las contrataciones porque se les informaba con «datos que no se ajustaban a la verdadera situación económica de Bankia por lo que, de haberlo sabido, nadie hubiera comprado las acciones».

Se añade en la sentencia que en esa fecha la deuda de Bankia «superaba con mucho los 13.000 millones de euros, razón por la que se instó la correspondiente querella contra los directivos» y de la que, sin embargo, no se informó a la accionista puesto que «manifestó tener unos beneficios de 309 millones de euros».

Según ha informado a esta redacción la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, a través del equipo de letrados que la representa, «esta sentencia  es un gran paso para que más de 300.000 accionistas que invirtieron más de 3.000 millones de euros en acciones de Bankia puedan recuperar su dinero».

Este periódico ha querido conocer la valoración que la entidad financiera condenada hace de la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado día 9 de febrero de 2015 y si, como le permite la Ley, interpondrá algún tipo de recurso en instancias superiores; sin embargo, Bankia no ha querido pronunciarse al respecto.

Por otro lado, y a la vista de que la sentencia de Ávila es la primera de Castilla y León ratificada por una audiencia provincial contra Bankia.

Fuente: eldiariodeavila.es

Ordenan a un Juzgado a seguir con una demanda de acciones Bankia

Oficina Bankia

«La sentencia que recaiga en la vía civil no pende de lo que decida en la vía penal», señala la Sección Cuarta de la AP

La Audiencia Provincial de Cantabria ha ordenado a un Juzgado de Reinosa que continúe con el procedimiento civil iniciado por la comercialización «fraudulenta» de acciones de Bankia en verano de 2011, demanda que el juez de instancia había acordado suspender hasta que se resolviera el proceso penal abierto por este asunto en la Audiencia Nacional de Madrid.

«La sentencia que recaiga en la vía civil no pende de lo que decida en la vía penal» concluye la Sección Cuarta de la AP en una resolución que revoca un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de la capital campurriana dictado en julio de 2014. En la resolución de la Audiencia, fechada el pasado 10 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, se estima el recurso de apelación interpuesto por los afectados y se acuerda que prosiga el procedimiento civil iniciado con la demanda en la que se solicitaba la nulidad de la orden de compra de acciones de Bankia. Según la Audiencia, la estimación o desestimación de esta demanda «no depende» de que los querellados en el procedimiento penal -directivos de Bankia- sean o no declarados culpables por la comisión de un delito, en este caso de falsedad documental. Y añade al respecto que la confirmación de este delito sería «indiferente» para el «éxito o fracaso» de la demanda presentada por los afectados, «ajenos» a la causa penal, y que basan su acción en una información personalizada que consideran «inveraz» y en un posible «error y vicio» del consentimiento. A juicio de la defensa, ejercida por el letrado José Ángel Ecenarro, la suspensión de la demanda por parte del Juzgado de Reinosa «ponía en grave riesgo la próspera habilidad de las acciones civiles de los afectados por las acciones Bankia», procesos que deben seguir adelante, «sin dilación o demora alguna». Este auto de la Audiencia, concluye el abogado, «echa por tierra el principal motivo de oposición que los letrados de Bankia oponen a las demandas: la prejudicialidad penal», y permite que los jueces «entren a conocer del asunto sin entorpecimiento procesal alguno».

Fuente: 20minutos.es

Bankia afrontará todas las sentencias a favor de los minoritarios

Guindos BFA-Bankia

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido este miércoles en que el grupo BFA-Bankia «hará frente a todas las sentencias y resoluciones judiciales que puedan producirse» a favor de los accionistas minoritarios, y ha precisado que hasta el momento ya ha habido 85 fallos por valor de casi 3 millones de euros en la jurisdicción civil en contra de la entidad por las presuntas irregularidades detectadas en su salida a Bolsa.

Así lo ha señalado en una interpelación que el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha planteado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en relación con las medidas que se van a adoptar para garantizar una respuesta «rápida, transparente y efectiva» para que los perjudicados por la OPS no pierdan su dinero.

«No le quepa ninguna duda de que BFA-Bankia hará frente a todas las sentencias y resoluciones judiciales que puedan producirse», ha dicho, como ya aseguró la semana pasada. A renglón seguido, ha precisado que los tribunales ya han dictado 120 sentencias relacionadas con la salida a Bolsa de la entidad, de las cuales 35 han sido favorables a Bankia por 800.000 euros mientras que las 85 restantes han dado razón a los accionistas, con un impacto de casi 3 millones.

Ahora, ha continuado el ministro, la entidad financiera debe «estimar las potenciales contingencias» que puedan derivarse de estas reclamaciones judiciales de cara a presentar sus resultados de 2014, si bien no se trata de «provisiones concretas» sino de «una estimación del riesgo».

Por eso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –propietario del 100% de BFA– y el grupo BFA-Bankia están negociando el reparto del coste de las posibles compensaciones entre matriz y filial, al ser considerados por el fallo judicial «responsables solidarios» junto con los antiguos gestores de las cajas.

De momento, parece que el holding BFA –propietario del 62,5% de las acciones de la entidad financiera– asumiría un máximo de unos 372 millones de euros, mientras que los 228 millones restantes serían sufragados por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, según las cifras estimativas.

El ministro ha defendido en cualquier caso que la solución que se adopte será «realista, ajustada a derecho y velará por los intereses de todos los involucrados, tanto contribuyentes como accionistas minoritarios».

Sin embargo, De Guindos ha destacado que más importante que las cuantías concretas que pagará cada parte afectada es «quién asumirá las primeras compensaciones», ya que «siempre supone mayor riesgo y exposición asumir las primeras pérdidas que las siguientes». «Se habla mucho del reparto, pero es mucho más relevante e importante esto», ha insistido.

No obstante, Anchuelo ha exigido que sean Bankia y los «responsables del saqueo» de las cajas quienes «asuman la totalidad de los costes de las devoluciones, dejando a BFA al margen de las compensaciones. Porque, aunque ambas entidades son públicas, la matriz pertenece en su totalidad al FROB, mientras que un tercio del capital de la entidad financiera está en manos privadas.

«Si lo paga una entidad que es cien por cien pública será más costoso para el erario público, y ya ha habido un coste público suficiente con 23.500 millones (de rescate)», ha defendido el diputado magenta, apelando además al «músculo financiero» del que presumió Goirigolzarri y a los 5.500 millones de euros que dijo haber generado, suficientes para cubrir todas las compensaciones.

Ante estas exigencias, De Guindos ha recordado que Bankia es la mejor baza del Gobierno para recuperar los millones del rescate financiero, pero para eso hace falta «venderla al máximo precio posible». «Contraponer por tanto BFA y Bankia, sinceramente, no tiene mucha racionalidad. Si mantenemos la incertidumbre sobre esa potencial contingencia judicial de la salida a Bolsa lo único que haremos será penalizar el precio de Bankia», ha advertido.

Además, ha recordado que una evolución positiva en el precio de las acciones de la entidad financiera beneficiará también a su matriz, que por tanto tiene un interés claro en «cuidar» a Bankia «con mucho cariño», como haría cualquiera que poseyera el 63% de un activo.

En cualquier caso, el ministro ha subrayado que los 800 millones de euros establecidos por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu como fianza son «sólo una fianza, no una condena», y que además su cuantía es «notablemente diferente» a los más de 4.000 millones de euros que solicitaba UPyD, personada en la causa.

De Guindos también ha aprovechado para recordar que la salida a Bolsa de Bankia, al igual que la colocación de participaciones preferentes, se produjo durante la pasada legislatura, con los socialistas en el Gobierno, y ha resaltado que las soluciones puestas en marcha por su equipo han protegido fundamentalmente los intereses de los depositantes de las antiguas cajas para que no perdieran sus ahorros, y han evitado una pérdida de confianza en el sistema que hubiera afectado duramente al PIB.

Fuente: teinteresa.es

Obligan a Bankia a devolver 70.000 euros a inversores asturianos

articulos-2964521[1]

Los juzgados asturianos han dictado ya cuatro sentencias condenatorias contra Bankia por la venta de acciones a varios inversores minoristas a los que la entidad deberá indemnizar con una suma que alcanza los 70.000 euros, informó ayer la Unión de Consumidores de Asturias.

Dichas resoluciones tienen como antecedente la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia que condenó al banco a devolver a los inversores su dinero más los intereses legales dado que los datos que el banco incluyó en su folleto de salida a Bolsa eran «inveraces» y no reflejaban su situación real, como demostró la reformulación de cuentas y el posterior rescate público de la entidad.

Una de las sentencias anula varias compras de acciones en distintas fechas y transcribe unos correos electrónicos en que un empleado de una oficina de Bankia enviaba al cliente el argumentario que había elaborado la dirección de la entidad para convencer a la clientela de que comprase acciones.

El presidente de UCE, Dacio Alonso, cuestionó además la estrategia de Bankia de tratar de paralizar estos procedimientos civiles por la existencia del caso penal que instruye el juzgado central de instrucción número 4 que impuso una fianza de 800 millones de euros a Bankia, BFA y a los miembros del consejo de administración para garantizar la indemnización de las víctimas.

Según Alonso, el instructor del procedimiento penal considera «perfectamente posible» la resolución de las reclamaciones civiles de las víctimas sin esperar a la resolución de esa causa penal.

 

CatalunyaCaixa rechaza más de 3900 arbitrajes de preferentes

CatalunyaCaixa

Los compradores de las preferentes de CatalunyaCaixa se ven obligados a acudir a los juzgados para reclamar sus derechos

La Agencia Catalana del Consumo remitió el pasado mes de diciembre un requerimiento a CatalunyaCaixa, antigua caja de ahorros de la Diputació, para conocer el motivo por el que la entidad ha rechazado 3.919 arbitrajes por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada que la entonces caja de ahorros colocó entre sus clientes. Al haberse negado esa mediación de la Generalitat, los clientes tendrán que acudir a los juzgados para recuperar su inversión, asumiendo el coste del proceso y una espera más prolongada para recuperar sus ahorros.
Consumo quiere conocer el motivo de la no aceptación y reclama el expediente para poder analizar si esa negativa escapa a los motivos de rechazo que validó el Gobierno. “Nosotros establecimos los requisitos y la cantidad de preferentes contratadas por el cliente no figura entre ellos”, apostilla Alfons Conesa, director de la agencia, quien anunció que la inspección del ente ya está trabajando en el asunto. “Queremos asegurarnos de que no se excluyen a clientes que no tenían por qué contratar esos productos híbridos”, ya que no contaban con la experiencia financiera suficiente para entenderlos. Si la agencia descubre que CatalunyaCaixa está actuando al margen de la norma, podrá abrir un expediente sancionador contra la entidad financiera que, además de devolver el dinero de la inversión, debería asumir indemnizaciones por daños y perjuicios y una multa de la Generalitat.

“Estamos siendo muy escrupulosos”, asegura una portavoz de la antigua caja de ahorros, en proceso de integración en BBVA tras pasar por las manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y recibir una inyección de 11.839 millones de recursos públicos. Según el balance de la Generalitat del pasado mes de julio, hasta entonces esta había recibido 52.913 reclamaciones. La portavoz asegura que la entidad ha ido a arbitraje en más de 40.000 casos, asumiendo que el 99,7% de los casos eran favorables a los clientes. Hasta julio, el banco habría tenido que devolver por esa vía 282 millones de euros a los clientes.

La crisis de las preferentes de CatalunyaCaixa está continuando en los tribunales. Mercè Serrano, letrada del Col·lectiu Ronda que lleva casos de clientes de la entidad, denuncia que muchas peticiones se han rechazado por el simple criterio de la cuantía contratada. “Por encima de los 10.000 euros, CatalunyaCaixa no se ha sometido al procedimiento arbitral”, explica. Y, en su opinión, aunque los tribunales están dictando sentencias favorables a las personas que contrataron esos productos financieros, el banco está optando por presentar recursos de apelación e, incluso, elevando sus escritos de oposición hasta el Tribunal Supremo. En adición, la prolongación del procedimiento judicial provoca que algunos clientes tiren la toalla.

Fuente: catalunyapress.cat

Más de 6000 demandas por la salida a Bolsa de Bankia

Salida bolsa Bankia 2011

Jueces de Valencia han advertido de la entrada «masiva» de demandas por compra de acciones a entidades bancarias –en referencia a Bankia, con su salida a Bolsa– que suman 240 de 487 afectados en apenas dos semanas y se podría llegar a las 6.000 hasta mayo.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en una rueda de prensa para presentar la Memoria de los Juzgados de Valencia del año 2014, en la que ha mostrado su «preocupación» por este asunto.

Viguer ha explicado que los jueces han detectado este «problema» de entrada masiva de demandas por compra de acciones de Bankia con su salida a Bolsa, y aunque ha aseverado que es «imposible» dimensionar el asunto, sí estiman que se podrían alcanzar entre las 5.000 y 6.000 demandas hasta mayo. Se fija este mes porque acaba el plazo para poder reclamar por este tema.

Esta situación podría «saturar» los juzgados de Primera Instancia de Valencia, por lo que ha pedido «soluciones» y «más medios». En esta línea, se ha preguntado: «¿Alguien se ha planteado lo que va a significar esto para los juzgados de Valencia?». Ha recordado que actualmente los órganos judiciales están al límite, y se cuenta con tres jueces de refuerzo para tratar, fundamentalmente, las demandas por participaciones preferentes.

Pero con este nuevo «problema», ha afirmado que se necesitarían otros tres jueces más, es decir, un plan de refuerzo que ya se ha solicitado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que se trasladará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su aprobación, porque «esta situación no la habíamos vivido nunca y los jueces están realmente preocupados», ha insistido. «Es un problema muy serio y muy localizado en Valencia. O se actúa ya o vamos a estropear la jurisdicción civil», ha advertido.

Viguer también ha puesto de manifiesto el elevado número de procedimientos por productos financieros complejos, que supusieron más de la mitad de los juicios ordinarios celebrados en 2014 en esta jurisdicción, con un total de 2.300.

Fuente: Yahoo Finanzas

Preferentes a cambio de rosquillas

afectados preferentes
Un matrimonio de jubilados recupera 674.000 euros. El juez ve abuso de confianza porque la pareja llevaba rosquillas a la oficina y recibían regalos para los nietos.

Un matrimonio de jubilados ha recuperado el dinero que Bankia les invirtió en preferentes y subordinadas. La cantidad total alcanza los 674.000 euros que habían obtenido tras la venta de un taller de coches. Las inversiones en estos productos tóxicos comercializados por la banca se realizaron en 2009 y 2010, en plena crisis económica, política, social y ética.

La entidad financiera procedió a invertir los ahorros del matrimonio, fruto de la venta de un negocio familiar, en productos tóxicos. En concreto, 600.000 euros en preferentes y otros 74.000 euros en obligaciones subordinadas. «Fue un abuso de confianza de libro».

La mujer, ama de casa, era la encargada de «los temas de banco» y mantenía una relación de «amistad» con los empleados de la oficina hasta el punto de que les llevaba rosquillas y recibía regalos para los nietos. «Asumían sus recomendaciones como seguras», ha sentenciado el juez.

En el juicio se muestra cómo los propios empleados consideraron la inversión en preferentes como segura aunque también aclara que «siguieron las indicaciones de los directivos». En esa confianza, cumplieron las exigencias legales de rellenar el test de conveniencia, aunque este estaba previamente rellenado a ordenador y listo para firmar.

El caso de las subordinadas fue peor. Una comercial de Bankia llamó a la mujer que se llevó los papeles a su casa donde el marido firmó el consentimiento. «El folleto informativo fue entregado en el mismo día de la firma», reza la sentencia. Es decir, la información facilitada fue deficiente. «No conocían la naturaleza muy subordinada y perpetua de los valores, la falta de liquidez inmediata y de garantía de devolución del capital invertido; no tenían ni el perfil ni el conocimiento adecuados», concluye la sentencia que recuerda que las subordinadas «computan como capital pero no alcanzan el rango de crédito ordinario».

«Resulta evidente que no eran personas con formación y preparación financiera para adquirir un producto complejo y de riesgo«. La sentencia considera que el consentimiento de la pareja de jubilados estaba viciada por un error esencial y excusable y por lo tanto declara nula la colocación, obliga a Bankia a devolver los 674.000 euros más el interés legal del dinero y condena a la entidad a las costas.

«Es una muestra más de la mala praxis bancaria, de la falta de preparación del personal y de la voluntad de la entidad de convertir los ahorros de los depositantes en capital de la entidad; afortunadamente la Justicia está poniendo las cosas en su sitio».

Fuente: negocios.com

Página 1 de 2

Creado con WordPress & Tema de Anders Norén