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Más de 30 años de servicio al cliente en defensa de sus intereses

Mes: octubre 2015

Vencimiento bonos convertibles del Banco Popular en un mes con grandes pérdidas

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  • El 25 de noviembre vence este producto financiero complejo que la entidad comercializó entre clientes minoristas y que les obliga a convertir sus bonos en acciones a 17,69 euros, cuando ahora está por debajo de 3,7 euros por acción
  • Si el canje se hiciera al precio actual, implicaría pérdidas del 79,4% de la inversión, sin tener en cuenta los intereses percibidos hasta ahora
  • «Solo si el quebranto económico supera los 3.000 euros, a los afectados les saldrá rentable demandar al banco».

 

Dentro de un mes, a las 0:00 horas del próximo 25 de noviembre, una nueva bomba financiera habrá estallado en España. En ese momento, más de 35.000 clientes del Banco Popular se convertirán en accionistas de la entidad, con unas abultadas pérdidas en sus cuentas de ahorro.

Son los propietarios de los  bonos subordinados necesariamente canjeables del Banco Popular, más conocidos como bonos convertibles, que se vendieron entre los clientes habituales de la entidad en 2009, por un importe de 700 millones de euros y cuya fecha inicial de vencimiento, en octubre de 2013, fue ampliada en una segunda versión de los bonos lanzada en 2012, hasta el 25 de noviembre de 2015. Las pérdidas se derivan de que el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,63 euros.

Una carta es quedarse con las acciones y esperar a que se revaloricen, pero lo cierto es que es casi imposible que mejoren el 80% necesario para compensar la inversión inicial. Además, los expertos advierten de que si se conservan las acciones en algunos casos se puede entender que el inversor acepta el riesgo que conlleva ser accionista y puede jugar en su contra a la hora de una demanda favorable a recuperar el dinero.

Tampoco el banco está dispuesto a volver a ofrecer soluciones salomónicas. «No hay prevista ninguna solución generalizada para los afectados. El día 25 se hará el canje obligatorio de los bonos por acciones y luego cada caso será tratado individualmente», confirman desde la entidad.

Como es de imaginar, nadie firmó este ruinoso negocio con conocimiento de causa. «Estamos ante un producto financiero complejo más. Muy parecido a los Valores Santander y en línea con las preferentes. El problema, como en todos, se encuentra en la “colocación” a clientes minoristas.

En octubre de 2009, en plena crisis, las autoridades financieras europeas requerían a los bancos mayores exigencias de solvencia. Mientras unos colocaban participaciones preferentes, el banco presidido por Ángel Ron optó por una estrategia más similar a los Valores Santander lanzados por el banco de la familia Botín en 2007. Así, lanzó una emisión de 700 millones de bonos subordinados necesariamente canjeables, para «fortalecer los recursos propios adaptándolos a los nuevos criterios de elegibilidad relativos a la solvencia», según se recogía en el folleto de lanzamiento.

Para captar ese capital, emitió bonos a un tipo de interés del euríbor a tres meses más un 4% hasta la fecha de vencimiento, inicialmente fijada para el 23 de octubre de 2013, momento en que los bonos se transformarían automáticamente en acciones del banco. El precio de conversión inicial estaba fijado en 7,01 euros por acción. El problema fue que casi desde el mismo día de la emisión las acciones del Popular entraron en caída libre.

Patada adelante

En 2012, cuando faltaba un año para su vencimiento, el producto acumulaba unas pérdidas del 52% de la inversión inicial. El banco quiso evitar el quebranto económico a sus clientes y les ofreció la salomónica solución de contratar una segunda emisión de bonos, remunerada al 7%, con ventanas trimestrales de liquidez y que retrasaba el vencimiento hasta el mencionado 25 de noviembre de 2015. Una patada hacia adelante que no ha salido bien.

Desde 2012, el Banco Popular ha realizado complejas operaciones financieras (entre ellas, una ampliación de capital y un agrupamiento o contrasplit de acciones) que han derivado en que el actual precio de canje de esos bonos se sitúe en los inalcanzables 17,69 euros por título. Esto implica una pérdida sobre el capital inicial del 79,4%, pero que descontados los intereses que los afectados han cobrado durante todos estos años se quedaría alrededor del 35%, según datos del propio banco.

En 2012, solo unos pocos se negaron a aceptar la oferta del banco (el 95,3% de los bonistas sí lo hicieron) y asumieron las pérdidas. De ellos, algunos demandaron a la entidad y en los últimos meses están apareciendo  las primeras sentencias a favor de los afectados.

«El perfil del inversor es muy similar al de los preferentistas, personas mayores, sin ningún tipo de formación e información respecto a lo que firmaban o invertían. Se trata de un producto complejo que se contrató por la confianza y porque se vendió como una inversión segura».

Los jueces están reconociendo que se trata de un producto financiero de inversión «complejo y arriesgado que, junto a una buena rentabilidad inicial comporta riesgos inherentes a la propia aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado de referencia», según un extracto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 119/2014 de 8 abril.

Pensárselo dos veces

Aún así, si algún afectado piensa que esto puede ser como las preferentes y que los jueces le van a dar la razón casi sin despeinarse, conviene que se lo piense dos veces antes de lanzarse a la vía judicial. Todos los expertos consultados coinciden en que este producto es más complicado que las preferentes y, como ocurre con los Valores Santander, no es fácil conseguir una sentencia a favor del demandante y además la condena en costas para la entidad.

En favor de los afectados juega que en 2012 no había muchas alternativas ante la oferta de ampliar el plazo de vencimiento. Era eso o perder más de la mitad de lo invertido. Además, aunque en el folleto de emisión del producto iba destinado a inversores mayoristas, también permitía la comercialización a minoristas, siempre que se cumplieran determinadas condiciones de información, plazos, etc. En algunas de las sentencias favorables, el motivo que esgrime el juez es que el cliente tuvo que «firmar en pocas horas y no tuvo tiempo de comprender el producto».

«Pero la casuística va a ser muy compleja. Se considera que solo quienes tengan pérdidas superiores a los 3.000 euros deben plantearse demandar»,

Para cuantías inferiores, solo podría ser conveniente arriesgarse si el cliente es minorista, sin ningún tipo de experiencia financiera ni en la contratación de un producto complejo. «Para el resto no compensa. Por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, los jueces están dando la razón a los afectados pero no están condenando en costas a los bancos, lo que implica alrededor de 2.000 euros de coste para el demandante».

Otro consejo que ofrece este letrado está relacionado con la forma de actuar del afectado. En Banco Popular están intentando negociar con cada uno de ellos y eso puede ser un arma de doble filo. «Si se quiere demandar a la entidad para recuperar el dinero invertido, el 25 de noviembre habrá que asumir el canje de los bonos por las acciones, pedirle al banco el dinero (es decir, no quedarse con las acciones) y luego reclamar las pérdidas».

Devolver 20.000 millones de euros a afectados por cláusulas suelo

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  • La obligación de devolver los importes cobrados por cláusulas suelo abusivas en hipotecas, tal y como sugiere Bruselas, tendría una factura de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, el 1,5% y el 2% del PIB español
  • La entidad más afectada, según algunas asociaciones de consumidores, sería La Caixa, que debería pagar 1.044 millones de euros adicionales en caso de retroactividad total pero también sufrirán Banco Popular, Liberbank, Banco Sabadell, Unicaja y BMN
  • La revisión podría afectar incluso a personas que han sido desahuciadas por culpa de una cláusula suelo.

Los afectados por cláusulas suelo hipotecarias empiezan a tener un flujo de noticias más que positivo. En primer lugar, la Comisión Europea ha emitido un informe que desautoriza la sentencia del Tribunal Supremo español, que condenó a tres bancos a devolver los importes cobrados a través de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios solo desde mayo de 2013. Bruselas pide ahora que la banca reintegre todo el dinero cobrado por aplicar estas cláusulas desde el inicio del crédito, ya que entiende que no es posible que los tribunales nacionales puedan reducir los importes a devolver al consumidor, ya que si una cláusula es declarada nula, “lo es desde el origen”. Con todo, el dictamen comunitario no es vinculante.

Las asociaciones de consumidores muestran su alegría por la opinión del organismo comunitario. Facua-Consumidores en Acción celebra que la Comisión Europea (CE) defienda los intereses de los consumidores españoles y reclama al Gobierno que deje de proteger los intereses de un sector, el bancario, “que basa gran parte de sus beneficios en los abusos que cometen sobre los usuarios, como es el caso de las cláusulas suelo, que les reporta miles de millones cada año”. Asimismo, la asociación lamenta la falta de acción de las Administraciones Públicas para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución.

Pero otras prefieren no lanzar las campanas al vuelo porque el informe no es vinculante. “Es muy positivo, y así se lo estamos trasladando a los clientes, pero recomendamos mucha prudencia”, afirma Miguel Rincón, abogado especialista de reclamaciones bancarias de reclamador.es, que añade que hasta que los tribunales no dicten sentencia en el mismo sentido que la recomendación de la Comisión, aún no se puede hacer nada desde el unto de vista legal”. Agustín Sáez, letrado de Apabanc para temas de cláusulas suelo, asegura que la opinión de la Comisión “pone en evidencia que la política hipotecaria en España no ha sido correcta y que la aplicación de la ley por los tribunales españoles ha sido muy tibia desde el punto de vista de los consumidores”.

Tanto Sáez como Rincón, así como Manuel Pardos, presidente de Adicae y Javier Gastón, socio fundador de Demandascolectivas.com, confían en que el Tribunal Europeo de Justicia emita una sentencia en línea con las recomendaciones de la Comisión. “Hay que tener en cuenta que la Comisión representa los intereses de una colectividad, al contrario que la posición española”, explica Gastón, que, además, desvela más nuevas noticias para los hipotecados con suelo. Un auto de la Audiencia Provincial de Tenerife confirma la sentencia de primera instancia en la que se condena a BBVA a devolver las cantidades indebidamente cobradas por la entidad desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo de 2013 a una afectada por cláusulas suelo de la entidad. El importe asciende a 3.998,32 euros a lo que hay que sumarle los intereses legales desde la interposición de la demanda. Esta sentencia es firme y no caben recursos sobre la misma. Manuel Pardos, por su parte, califica de “muy claro” el pronunciamiento de la Comisión y cree que “tendrá una influencia decisiva en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que podría llegar en tres o seis meses”.

Sin embargo, aunque las cosas empiezan a ponerse a favor de los hipotecados, todo apunta a que la banca intentará retrasar al máximo los pagos. “En muy pocos casos la banca ha dado su brazo a torcer a las primeras de cambio”, recuerda Sáez, que espera que las entidades sigan con la misma actitud mostrada hasta ahora. Gastón cree que las entidades dejarán de recurrir las sentencias de los tribunales cuando haya sentencias firmes o cuando seguir con los procesos legales les resulte más costoso que indemnizar.

El pago equivale a un tercio del rescate a la banca

De fondo están los elevados importes a los que tendría que hacer frente la banca en caso de que los tribunales dictaran la retroactividad de las indemnizaciones. Las asociaciones calculan que los pagos podrían ascender a entre 15.000 y 20.000 millones de euros, teniendo en cuenta que podría haber unos tres millones de hipotecas con cláusulas suelo y que las reclamaciones medias podrían oscilar entre 5.000 y 7.000 euros. CaixaBank y Bankia serían las entidades más afectadas. Reclamador.es calcula que, teniendo en cuenta que los afectados pagan de más una media de 180 euros al mes por sus cuotas hipotecarias debido a las cláusulas suelo, CaixaBank debería devolver más de 1.044 millones de euros por los 200.000 contratos de cláusula suelo que tiene con sus clientes, mientras Bankia debería abonar más de 156 millones de euros por sus 30.000 hipotecas en cartera con este tipo de interés. La primera de las entidades reconoce que ha eliminado el 94% de las cláusulas suelo de sus hipotecas, mientras que la segunda, ya no las aplica a ninguno de sus clientes. Banco Sabadell sólo da datos de cuánto podría llegar a costar a la entidad las indemnizaciones según la legislación vigente, es decir, desde el 9 de mayo de 2013: 110 millones de euros.

Javier Gastón añade que, si se aplica la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, los clientes con cláusulas suelo de los bancos a los que hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo, BBVA, Cajamar y Novacaixa Galicia tendrían que hacer frente a unos pagos de 2.100 millones de euros. Y las cifras podrían ir en alza si se tienen en cuenta las personas deshauciadas como consecuencia de la aplicación de cláusulas suelo, tendrían derecho a reclamar y a ser compensadas económicamente, según recuerda Manuel Pardos.

Desde Caixabank recuerdan que en la rueda de prensa de la reciente presentación de resultados se comentó que la entidad había revisado las cláusulas suelo proactivamente por una decisión propia. “Desde 2013 habíamos tenido un enfoque en revisar caso por caso todas las cláusulas suelo. En 2015, a raíz de la aprobación de la reforma del Código de Buenas Prácticas (que ampliaba supuestos), hemos ido durante el año aumentando este criterio de personas con menores ingresos hasta llegar a un momento en que, a efectos prácticos, hemos eliminado las cláusulas suelo de la práctica totalidad de la cartera. Esto se ha hecho de manera proactiva, de manera individualizada, hablando y explicando la situación a cada cliente.

Además de estas dos entidades, Banco Popular, Liberbank, Banco Sabadell, Unicaja y BMN serían las entidades más afectadas por la aplicación de la retroactividad en las indemnizaciones por las cláusulas suelo.

Desde el sector bancario recuerdan que el informe de la Comisión Europea no es vinculante; que aún queda por conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que puede ser en cualquier sentido, y que las cláusulas suelo son legales. “Las sentencias judiciales a favor de clientes con cláusulas suelo solamente hacen referencia a contratos en los que no se ha comercializado ni explicitado en los contratos de forma trasparente”, reiteran algunas fuentes bancarias.

Fuente: ElDiario.es

Bruselas pide que se devuelva completo el importe cobrado por cláusulas suelo en hipotecas

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  • El Tribunal Supremo dijo que BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia solo tenían que devolver lo cobrado a partir de mayo de 2013, pero la UE dice que se opone al derecho comunitario y piden el reintegro desde que se firmó la hipoteca
  • Varias entidades han eliminado estas cláusulas de sus contratos, pero Sabadell y Popular se resisten a hacerlo asegurando que los comercializaron correctamente

La Comisión Europea defiende la retroactividad de las cláusulas suelo declaradas nulas en una sentencia, si hubo mala praxis en su comercialización, lo que supondría devolver a los clientes las cantidades cobradas de más por su banco desde la firma de la hipoteca. La idea ha sido trasladada por Bruselas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le había pedido opinión sobre este asunto tras ser consultado por varios tribunales españoles, una información que ha adelantado ElConfidencial.com.

La Comisión Europea sostiene que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor «no es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad».

Esto se traduce en que los expertos de la Comisión Europea creen que la decisión del Tribunal Supremo de declarar abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia -hoy rebautizada como Abanca- a partir de mayo de 2013 se opone al derecho comunitario. En aquella sentencia, el Alto Tribunal argumentó que no debía imponerse la retroactividad, lo que hubiese supuesto la devolución del dinero cobrado de más a los clientes, porque eso pondría en peligro la solvencia de un sector financiero que acababa de ser rescatado con 40.000 millones de dinero público.

Ahora, una vez conocida la opinión de Bruselas al respecto, el Tribunal de la Unión Europea debe posicionarse y ver si defiende igualmente la retroactividad de las cláusulas suelo anuladas por el Supremo.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe destacan que la propia Comisión Europea considera que para preservar la seguridad jurídica, la protección que otorga la directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas tiene como límite infranqueable la cosa juzgada, de tal manera que los casos que hayan sido decididos por los tribunales no podrán ser modificados.

En este sentido, aquellas entidades y clientes cuyas situaciones hayan sido resueltas por sentencia judiciales firmes no podrán ser modificadas.

Sin embargo, en paralelo y desde hace tres meses, la banca española aguarda con expectación la respuesta que debe dar la juez de lo Mercantil número 11 de Madrid a la macrodemanda interpuesta por 15.000 afectados por las cláusulas suelo, muy consciente de que probablemente decida eliminarlas. Los expertos consideran que además la magistrada podría tener en cuenta ahora la opinión de la Comisión Europea y abogar por la retroactividad de las polémicas cláusulas suelo, en contra del criterio del Gobierno.

El pasado 24 de junio quedaba visto para sentencia el procedimiento abierto en 2010 a raíz de la demanda formulada por Adicae, que inicialmente se dirigió contra 101 entidades bancarias, que después quedaron en 35 fruto de los procesos de fusión.

De ellas, BBVA, Cajamar y Abanca, por la sentencia del Supremo y, posteriormente, Banesto y Barclays, dejaron de aplicar estos umbrales que impiden al hipotecado beneficiarse íntegramente de las rebajas del euríbor.

Al margen de estas entidades, otras como Bankia y CaixaBank han optado por eliminarlas de los préstamos hipotecarios de sus clientes, si bien otros bancos como Sabadell o Popular se resisten a hacerlo con el argumento de que ellos las vendieron correctamente.

Fuente: ElDiario.es

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