Bufete Alaminos

Más de 30 años de servicio al cliente en defensa de sus intereses

Condenan al Banco Santander a devolver un millón en SWAPS a una empresa tinerfeña

Un millón de euros es lo que cobrará una empresa tinerfeña tras ganar definitivamente un litigio iniciado en 2012 y que el Tribunal Supremo ha inclinado definitivamente a su favor tras ratificar la condena dictada en 2014 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el Banco Santander.

Para dar con el origen de tal disputa hay que remontarse a 2008, año en que la empresa aludida suscribió con el banco ahora condenado un swap, que es uno de los más antiguos en la larga lista de productos tóxicos financieros que la banca española empezó a comercializar masivamente entre sus clientes en los primeros años de la crisis.

La sentencia que nos ocupa destaca especialmente por la cantidad que ha recuperado esta empresa y el hecho de que, si bien en primera instancia se desechó la reclamación de la firma tinerfeña, los argumentos de su representación legal terminaron por imponerse tanto en la Audiencia Provincial como en el Supremo, que no admitió el recurso de casación presentado por el Banco Santander.

Como es ya doctrina consolidada, los tribunales consideran nulo el contrato al entender que hay error en el consentimiento prestado por el consumidor y sostienen que la entidad financiera no advirtió debidamente a su cliente de que se trataba de un producto altamente especulativo, y que este (sea un particular o una empresa) no contaba cuando se produjo el acuerdo con los recursos y/o conocimientos suficientes como para valorar adecuadamente lo que en realidad estaba suscribiendo.

40 AÑOS DE RELACIÓN POR LA BORDA

En las tres decisiones judiciales dictadas a cuenta de este singular pleito, en el que una entidad financiera ha sido condenada a devolver a una empresa tinerfeña un millón de euros (la mayor cuantía de los swap anulados por los tribunales en Canarias), se incluyen datos comunes a este tipo de casos. La Audiencia Provincial describe que, ante la preocupación de su hipotecado cliente por la subida de los tipos de interés, ofreció el swap (en realidad un producto de permuta financiera) como si la función de los mismos fuera “protegerse” o “cubrirse”. Que la firma careciera de un departamento financiero y que la representase un diplomado en Ciencias Empresariales le impidió percatarse de que, si bien es un producto legal, en realidad el swap conlleva un alto riesgo. Pero el factor decisivo para firmar eran los más de 40 años trabajando con esa entidad con resultados satisfactorios. Nada queda ya de esa confianza labrada durante decenios.

Fuente: El Español

Jueces ordenan a la banca pagar retroactividad total por las cláusulas suelo

 

Lcascada de sentencias que están dando la razón a los afectados por las cláusulas suelo -el recargo ilegal colado de matute en los créditos hipotecarios por las entidades financieras si bajaba el Euríbor- está entrando en una nueva dimensión, todavía más favorable a los perjudicados. Cada vez más jueces desoyen la sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre de 2015, según la cual los afectados tienen derecho a recuperar el dinero extra abonado a la banca, pero limitando la retroactividad hasta el 9 de mayo de 2013.

De acuerdo con varias sentencias consultadas, los jueces entienden que los compradores de vivienda tienen derecho a recuperar todo el importe pagado en concepto de cláusulas suelo.

El veredicto del Alto Tribunal argumentó que la devolución de las cláusulas suelo por los bancos más allá de mayo de 2013 podía poner en riesgo la viabilidad del sistema financiero español. No es una decisión firme: la sentencia definitiva llegará el 21 de diciembre procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero los jueces, cada vez más, reinterpretan al Supremo y consideran que la retroactividad limitada no se ajusta a la ley. Así lo ponen de manifiesto varias resoluciones obtenidas por este medio en Guipúzcoa, Ciudad Real, Burgos, León, Madrid y Alicante, entre otros municipios.

Los bancos quieren acuerdos

El aplastante número de victorias en los juzgados ha llevado a los bufetes a publicitar sus campañas, conscientes de que hay miles –si no millones- de afectados que no demandan a las entidades financieras por desconocimiento. Aunque no hay datos oficiales, se considera que una de cada dos hipotecas firmadas hasta 2015 contenía algún tipo de cláusula suelo. Una prerrogativa de la que los directores de las sucursales no informaban o lo hacían vagamente cuando el cliente firmaba el crédito.

“En un 80%  de los casos, una vez presentada la demanda, el banco demandado propone un acuerdo en sede judicial satisfactorio para el cliente. Pero, claro, es necesario demandar previamente a la entidad para poder llegar a ese acuerdo”.

Vida útil de la hipoteca

Los bancos se preparan de hecho para asumir una lluvia de demandas millonarias de alcance incierto. Según varias partes implicadas en los litigios, las entidades financieras más golpeadas por la firma de cláusulas suelo son Banco Popular, Bankinter,  Liberbank, Banco Ceis, Caixa Bank, Banco Sabadell, BBVA,CCM, Bankia y Mare Nostrum. Y pueden estar aún más golpeadas si la sentencia del TJUE anula la retroactividad limitada.

De 10.000 a 30.000 euros

La media a devolver por la banca también varía, en función de lo que decida el TJUE dentro de pocas semanas. Las cifras que la abogacía maneja están ligeramente por debajo de los 10.000 euros por denuncia, un monto que podría subir hasta 30.000 euros si la institución con sede en Luxemburgo elimina el límite de mayo de 2013. Un mordisco importante sobre el total concedido.

Fuente: El independiente

Prescritas todas las demandas interpuestas contra Bankia por su salida a Bolsa con posterioridad al 25 de mayo de 2016

  • Según la Audiencia Provincial de Madrid, ya han expirado los cuatro años que permiten reclamar.
  • El 25 de mayo se cumplen cuatro años desde que el presidente de la entidad admitiera pérdidas por valor de 2.979 millones.
  • Aún quedarían unos 21.000 accionistas pendientes de recuperar el dinero invertido, unos 96 millones.

La Audiencia Provincial de Madrid considera prescritas todas las demandas interpuestas contra Bankia por su salida a Bolsa con posterioridad al 25 de mayo de 2016, al considerar que ya han expirado los cuatro años para reclamar por vicio en el consentimiento habilitados por ley.

Según fuentes jurídicas, la Junta de Magistrados que componen las secciones civiles de la Audiencia Provincial ha adoptado dicha decisión tras unificar los criterios evidenciados por los distintos juzgados, generales o mercantiles, de la región en sus sentencias.

El acuerdo establece que el plazo para solicitar la nulidad en la compraventa de acciones de Bankia expiró el pasado 25 de mayo, fecha en la que se cumplieron cuatro años desde que el actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, admitió pérdidas por valor de 2.979 millones de euros tras reformular las cuentas de 2011.

Sólo entonces, sostienen los magistrados, es cuando puede considerarse que salió a la luz la verdadera situación de la entidad y pensar que las cuentas utilizadas en el folleto informativo del debut bursátil no reflejaban una imagen fiel sino que indujeron a engaño al inversor.

La Audiencia Provincial de Madrid asume así la doctrina dictada por el Tribunal Supremo para la nulidad en la adquisición de participaciones preferentes en función del artículo 1.301 del Código Penal, que fija en 48 meses el límite para este tipo de reclamaciones.

Una disposición cada vez más extendida entre los jueces, que sentencias recientes aludían a la importancia de la citada fecha al tratarse del momento en el que «la imagen de solvencia y de plena confianza que hasta entonces transmitía Bankia se transformó radicalmente».

Al margen del caso penal iniciado en 2012 en la Audiencia Nacional y que investiga a una treintena de altos cargos de la entidad, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, la salida a Bolsa de Bankia ha protagonizado numerosos litigios por la vía civil.

Especialmente después de que el pasado enero, el Supremo anulase dos casos de compra de acciones al constatar que hubo error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto y las reales, lo que abrió la veda a nuevas reclamaciones.

Con el objetivo de contrarrestar la ofensiva, la entidad puso a disposición de los inversores un sistema extrajudicial por el que los particulares podían recuperar el 100% de su inversión, unos 807 millones, más un interés anual del 1% a cambio de renunciar a acciones legales.

Según la información remitida por Bankia al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en septiembre, aún quedarían unos 21.000 accionistas pendientes de recuperar el dinero invertido, una cifra que supone en torno a 96 millones, después de que la entidad resarciese a unas 223.000 cuentas de pequeños inversores.

Ahora, la decisión de la Audiencia de Madrid limita las posibles demandas de estos clientes, que, según estimaciones de Bankia, corresponden al 5 % de las cuentas de particulares que apostaron por el valor en su debut en el parqué, y que a falta de semanas para que concluya uno de los años más álgidos para este asunto no han acudido ni a los juzgados ni a la oferta del propio banco.

Fuente: 20minutos

 

La banca obligada a devolver millones en promociones fallidas

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El Tribunal Supremo ha asestado un nuevo golpe al sistema bancario español que obliga a devolver millones en promociones fallidas. En una sentencia del 21 de diciembre pasado, el alto tribunal sienta jurisprudencia y ordena a los bancos a devolver el dinero adelantado por clientes a promotores para viviendas que no se construyeron. Así que la banca responderá por miles de urbanizaciones fantasma, especialmente en el litoral y muchas vendidas a compradores británicos. La clave está en una ley de 1968, aprobada después de un escándalo que dejó a 10.000 personas sin casa en Madrid, y que obligaba a los bancos a tener avalada la cantidad entregada a cuenta para la vivienda, algo que incumplieron masivamente durante la burbuja. El fallo ha corrido como la pólvora entre los despachos especializados porque fija una doctrina dura con la banca, y los departamentos de riesgos de los bancos echan humo intentando cuantificar su impacto. La ley ha estado vigente hasta el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la reforma del PP que rebajaba las condiciones para la banca.

En junio de 2004, una vecina de Valencia hizo lo que tantos otros españoles: dio la entrada para una casa. Iba a ser un adosado en Dénia (Alicante), bajo el Montgó y cerca del casco urbano. La urbanización tenía 94 casas, entre apartamentos, chalés y adosados, y estaba impulsado por el alemán Hermann Schmitz en la promotora Berliner Bau Project La Siesta, (explotaba en el nombre el prestigo de ser alemán). El 25 de junio de ese año, la compradora dio la primera entrada a cuenta y los meses siguientes llegó a ingresar en la cuenta de la CAM de la promoción 38.400,55 euros. Recuerden que entonces los pisos nunca bajaban y España jugaba la Champions League de la economía. Según el contrato, las casas debían estar listas en dos años.

La promoción fue sufriendo demoras y en septiembre de 2007, cuando debía estar más que lista, el promotor alemán envió una carta a los dueños: «Nos complacemos en comunicarle con la presente que las obras se iniciarán esta semana». Tres años después, cuando la burbuja estallaba y el Gobierno vendía que era un aterrizaje suave, no estaban terminadas ni las obras de urbanización. Las casas se estaban esfumando y con ellas los ahorros de decenas de familias. Nuestra compradora demandó a la CAM y a la promotora Berliner Bau Project La Siesta, que por entonces se había esfumado. Ni compareció en el juicio. Cristina Juan Vidal, la abogada que llevó el caso y que pide que no se publique el nombre de la clienta, cuenta lo difícil que fue: «Estudiamos el caso y de los compradores casi nadie quiso ir contra el banco que había recibido las entradas a cuenta».

Lo normal entre los compradores que se quedaron sin vivienda por el estallido de la burbuja era ir en los tribunales contra el promotor. Pero esperar recuperar el dinero de un empresario quebrado y sin más activos que esqueletos de hormigón es casi imposible, por muy buena fe que tenga el administrador concursal. Pero Cristina Juan Vidal, del despacho valenciano Asiaín Asesores, no solo demandó a la promotora sino también a la CAM, que recibía el dinero y que había dado 11 millones al promotor para la construcción de las casas.

La abogada esgrimía la ley «sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas». Se trata de un conciso texto legal -dos páginas y siete artículos de escritura clara, con puntos y seguidos en lugar de eternas subordinadas- con el que el régimen franquista quiso proteger a los compradores de viviendas. La ley nació un año después del escándalo Nueva Esperanza. La quiebra de Construcciones Nueva Esperanza dejó a 10.615 familias sin el piso por el que habían pagado 105,89 millones de pesetas de la época. Así que el régimen franquista estableció una serie de protecciones al consumidor. Obligaba al banco a tener una serie de avales y garantías para que la entrada de una vivienda se destinase a la construcción y siempre estuviese garantizada si el promotor quebraba. Entre otras cosas, fijaba que el dinero debía ir a una cuenta especial, siempre avalada. Juan Vidal defiende la ley: «Tiene de bueno que no necesita ser extensa para dejar clara la defensa de la parte más débil, el consumidor de vivienda en plano». Al ser concisa, añade, «no da apenas pie a interpretaciones contradictorias».

Pero con la burbuja inmobiliaria que llegó 30 años después, esas cauciones se fueron olvidando. Los avales exigidos en la ley encarecían la promoción y, además, como las casas se vendían sobre plano y se recompraban otra vez, nadie temía que fuera a ser necesaria. La ley franquista, que nunca fue derogada, dormía en un cajón sin apenas uso. Pero solo estaba en letargo.

Al recibir la demanda, la CAM argumentó que no pintaba nada en el procedimiento, que era un tercero ajeno al pacto entre los compradores y la promotora, y que si el dinero ya no estaba no era su problema. La jueza Marisa Fayos Bonell, titular del juzgado 5 de Dénia, rechazó su pretensión el 9 de noviembre de 2011: «Si la CAM avaló las obras de urbanización y la promoción, hemos de concluir que la entidad crediticia era sabedora del deber de ingreso de los pagos de los compradores en una cuenta especial, extremo que debió indicar al promotor, y en todo caso , exigirle la presentación de aval o seguro que garantizase la devolución de dichos ingresos, no pudiendo ahora alegar que era un tercero y que solo se le pidió que avalara las obras de urbanización», señala el fallo. Condenó a la caja a devolver el dinero más el 4% de interés anual.

En los últimos años ha habido una serie de sentencias como esta, aunque otras iban en sentido contrario. Los bancos, que con los primeros fallos en contra pagaban para evitar jurisprudencia de instancias superiores, empezaron a recurrir después para evitar el efecto llamada.La CAM llevó el caso a la Audiencia Provincial y ahí le dieron la razón. Según esa sentencia, quien debía garantizar el dinero era el promotor, no la CAM. «La propia ley [de 1968], como el Tribunal Supremo, consideran que la obligación de garantizar la devolución de las cantidades entregadas antes de la construcción o durante ella, más el interés legal, corresponde al promotor mediante aval o seguro», falló la sección sexta de la Audiencia de Alicante el 4 de julio de 2012.

Los abogados recurieron en casación al Supremo. Es una vía complicada que rara vez prospera. Pero esta vez hubo bingo. El pasado 21 de diciembre, la sala primera del Tribunal Supremo corrigió a la Audiencia y condenó al banco (la promotora hacía tiempo que había volado del procedimiento por la vía de no aparecer). Señaló que la ley de 1968 desmiente que los bancos sean «terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de exigir». Condena a la CAM a devolver el dinero más intereses y costas.

La sala ya había dictado tres sentencias en 2015 que abonaban el camino, pero ninguna tan clara como esta. En este fallo, del que fue ponente Francisco Marín Castán, presidente de la sala Civil del Supremo, fija además «la siguiente doctrina jurisprudencial»: «En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad».

El fallo ha corrido por los despachos y la Audiencia de Valencia ya la ha aplicado, como publicó el diario ‘Levante‘. La abogada que ganó el caso en el alto tribunal se muestra muy contenta con abrir la puerta a miles de reclamaciones. Otros despachos especializados explican que esto puede suponer lo mismo que la sentencia del Supremo que declaró que en la salida a bolsa de Bankia en 2011 hubo engaño a los particulares. Es imposible calcular el impacto en las cuentas de resultados, pero en la costa hay resorts enormes que atraparon a miles de inversores, muchos de ellos británicos.

«Es un tema muy importante. En la práctica, esto supone que los acreedores ordinarios que dieron dinero a cuenta para una vivienda a cualquiera de las promotoras en liquidación pueden ahora salirse del concurso y reclamárselo al banco», señalan fuentes del sector jurídico.

Bankia y otras entidades ya fueron condenadas, pero el nuevo fallo abre la puerta a miles de reclamaciones

En un caso como el de Trampolin Hills (Campos del Río, Murcia), un resort de 2.573 viviendas que no llegó a construirse, los compradores entregaron a cuenta 53,5 millones y los avales establecidos por La Caixa solo cubrían seis. Así que sihay una cascada de sentencias, podría tener que responder por todo. Ya hay compradores que han ganado en Trampolin, pero hay miles de afectados. Cualquiera que haya viajado por la costa mediterráneo y visto los esqueletos de resorts a medio construir se puede hacer una idea de la magnitud de las implicaciones que trae esta jurisprudencia.

Muchos de estos desmanes se produjeron con cajas de ahorro, pero después fueron absorbidas por bancos. Son estos los que ahora tendrán que responder por eso, aunque no lo previeron cuando las compraron. En el caso de la urbanización de Dénia, deberá pagar el Sabadell, que se quedó con la CAM por un euro después de que la caja hubiera recibido 5.249 millones en ayudas públicas. Un portavoz de Sabadell admite que el caso está sobre la mesa y que hasta ahora tenían pleitos en los que ganaban y otros en los que perdían. Es previsible que la banca busque acuerdos con los compradores para ahorrarse las costas judiciales y el interés del dinero.

Hay sentencias anteriores a la del Supremo en esa dirección, como la de un juzgado de Torrevieja (Alicante) que ha dado la razón a Guadalupe Sánchez y ha condenado a Bankia a pagar unos 800.000 euros (medio millón que entregaron los clientes, más intereses y costas) por la promoción Golden Sun Golf Resort (en San Juan de los Terreros, Almería). La promoción, una especie de torre de babel en mitad de la nada, formó parte del libro ‘Ruinas modernas, una topografía del lucro’ (editorial Ámbit, 2012), de la arquitecto Julia Schulz-Dornburg, que documentó de forma espectacular los desmanes de la burbuja. Muchas de estas ruinas forman parte del banco malo, la Sareb, pero la paradoja es que se quedó los esqueletos de ladrillos, pero no esos pleitos por el dinero que entregaron los clientes.

La jurisprudencia del Supremo, que en el fallo destaca que sea una ley preconstitucional la que fija ese «enérgico e imperativo sistema protector de los compradores», abre la puerta a miles de clientes. Pero para el futuro, ese camino será más difícil de transitar. El 1 de enero de 2016 entró en vigor una ley aprobada por el PP en julio pasado que deroga la norma de 1968. En una ley sobre «ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras», rebajó los requisitos para que el banco responda en caso de que la casa no se construya. Por ejemplo, el banco solo responderá si la promoción tiene licencia de obra, cuando hasta ahora muchas de las promociones comenzaban a recibir dinero antes incluso de tener ese permiso. Además, rebaja el plazo para reclamar el dinero. En la próxima burbuja, los consumidores no tendrán el sistema de protección de los años sesenta.

Fuente: El Confidencial

El Banco de España da la razón al 74% de las reclamaciones de usuarios bancarios

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El 74,2% de las reclamaciones de particulares frente a entidades financieras, presentadas ante los servicios del Banco de España (BdE) durante el 2015, fueron resueltas a favor de los clientes.

Así se desprende de la Memoria de Reclamaciones que el banco emisor ha difundido en su página web www.bde.es sobre la actividad de su departamento de conducta de mercado y reclamaciones (DCMR) durante el ejercicio pasado. La publicación no se puede hacer hasta mediados de año porque las reclamaciones tienen hasta cuatro meses de plazo para ser resueltas. El boletín de este año presenta, por primera vez, un catálogo de las malas prácticas bancarias y la opinión que merecen por parte del DCMR. Cabe precisar que este departamento no tiene competencias sancionadoras (corresponde al servicio de inspección del BdE) sino que se limita a revisar las denuncias e informar de si se ajustan o no al código de buenas prácticas bancarias, recogidas de manera extensiva en la segunda parte de la memoria.

Durante el 2015 los usuarios de bancos y otras empresas financieras presentaron 20.262 reclamaciones ante el DCMR por discrepar sobre todo tipo de servicios, tanto de activo (préstamos) como pasivo (depósitos). La cifra es inferior a las 29.526 del 2014 y aún más a las 35.000 del 2013. Y este año va camino de ser menor, puesto que hasta mayo solo se presentaron 7.000. Podría deducirse que esta mengua puede deberse a que las entidades son cada vez más responsables y transparentes.

Pero cabe también que se deba a que los usuarios cada vez desisten más de este recurso a la vista de su dificultad, lentitud –por parte de los bancos- y bajas expectativas.Un factor también explicativo es la evolución de la polémica sobre las clausulas sueloque la mayoría de bancos incluían en sus préstamos hipotecarios. De hecho, el 46% de las reclamaciones al DCMR eran sobre este producto. El hecho de que este departamento se pronunciara en la mayoría de casos a favor de los reclamantes –sin entrar en la legalidad de la cláusula, pues no es competente- y que ese dictamen fuera utilizado por los clientes para acudir a la justicia, ha tenido el efecto de que muchos bancos han negociado caso por caso, lo que ha reducido las reclamaciones.

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Pero si en alguna dirección apunta el texto de la memoria sobre la reducción de las reclamaciones es al segundo razonamiento antes citado. “Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante indicaría que la entidad no ha resuelto adecuadamente la reclamaciones de sus clientes ante el servicio de atención al cliente(SAC)” advierte el texto del BdE. Es decir, los bancos tienden más a dilatar al proceso que a resolverlo en el propio ámbito de negociación bilateral. Equivale a que desde el primero momento el usuario ha de cargar con el engorro de los trámites hasta llegar al BdE y cuando su departamento de reclamaciones resuelve, el cliente al que han dado la razón tiene que renegociar o acudir a los tribunales. En muchas ocasiones desiste y eso no queda reflejado adecuadamente en las estadísticas.

Fuente: Elperiodico.com

Banco Popular multado por la CNMV por mala praxis en sus productos financieros

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El Banco Popular multado con un millón de euros por Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por cometer una infracción «muy grave» en relación a la comercialización a clientes de determinados productos financieros (principalmente, convertibles y preferentes) entre enero de 2009 y noviembre de 2011.

En concreto, la sanción se produce por la ‘mala praxis’ en la venta de productos como preferentes o estructurados, al incumplir con el deber de informa adecuadamente al cliente sobre los riesgos de estos productos. La infración está relacionada con el artículo 79 bis y 99  de la Ley del Mercado de Valores.

Entre otras cosas, la normativa señala que «las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes  (…)Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales».

«La Resolución que impone la sanción indicada en la presente publicación, únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse», dijo la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez.

Según datos de ‘Cinco Días’, Popular estaba en el punto de mira del supervisor por sus emisiones de bonos convertibles por acciones de 2009, cuyo precio de canje fijo en 2015 era superior 17 euros cuando la cotización estaba en tres. Las cuantiosas minusvalías que registraban sus tenedores llevó al banco a emitir nuevos bonos en 2012 para sustituir a los anteriores.

Fuente: El Español

Bankinter condenado a indemnizar a un promotor inmobiliario que invirtió en preferentes

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La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a Bankinter a abonar 137.000 euros a un promotor inmobiliario que en 2007 invirtió 150.000 euros en participaciones preferentes del banco islandés Kaupthing Bank, que un año después quebró.

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De esta forma, el tribunal de apelación revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo, que rechazó la demanda del promotor de que le fuera devuelto el capital invertido descontando los rendimientos percibidos.

Entre los argumentos para rechazar la reclamación, la juez de instancia apunta al perfil del promotor, que no era una persona ajena al sector financiero, había suscrito previamente un contrato de preferentes por valor de 300.000 euros en otra entidad bancaria y, además, se dirigió al banco del cual no era cliente para interesarse por el producto.

Sin embargo, la Audiencia considera que el Bankinter «no informó adecuadamente» del riesgo real que entrañaban las preferentes ya que «no existe ningún documento que permita atisbar que se le diera cualquier información -adecuada o no- respecto de las participaciones preferentes que finalmente adquirió».

Además, rechaza el tribunal que el perfil del promotor responda al de un experto en preferentes: «Una cosa es que con ocasión de la promoción inmobiliaria, y en general con cualquier actividad empresarial, se realicen operaciones financieras, y otra muy diferente es que por ello se conozcan y comprendan correctamente productos complejos, es decir, que se tenga un conocimiento experto y especializado en este tipo de productos», señala la sentencia.

«Como quiera que la información que se facilitó, si es que se facilitó alguna, fue notoriamente insuficiente para que un inversor minorista pudiera captar la realidad de lo que estaba contratando, y este inversor carecía del conocimiento suficiente y necesario para tal contratación, no cabe sino concluir que el consentimiento prestado (…) estaba viciado por un error determinante de la invalidez del negocio», concluye el tribunal.

Fuente: Eldiario.es

Santander pagará 1,06 millones de euros a un cliente que invirtió y perdió el dinero de la Bonoloto en productos financieros tóxicos

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  • Francisco Guerrero, de 62 años invirtió 6,5 millones en el Banco Santander, parte del dinero a su nombre y parte a nombre de sus hijos.
  • En 2009 fue a sacar 30.000 euros y le dijeron que «no tenía dinero».
  • La sentencia explica que banco incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones legales y al cliente «se le ocultó información básica para decidir la inversión».

    El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón ha condenado al Banco Santander a pagar 1,06 millones de euros a Francisco Guerrero, que ganó 6 millones de euros en la Bonoloto y perdió todo tras invertirlo en «productos financieros tóxicos» de la entidad bancaria.

    La sentencia estima íntegramente esta demanda, presentada por una parte de lo perdido, y declara la nulidad por «infracción de precepto legal e incumplimiento del deber de transparencia de los contratos de adquisición firmados con el Banco Santander», entidad que, además, ha sido condenada en costas.

    La resolución judicial declara así la nulidad de los contratos de sustitución de los productos estructurados, contratados inicialmente como productos de reestructuración denominados Tridente, por lo que el Banco Santander deberá devolver a Francisco Guerrero los 900.000 euros invertidos en estos productos más los intereses legales, lo que resulta una cantidad final de 1.062.612 euros.

    Tras resaltar que los productos ofrecidos a Guerrero eran «complejos», la sentencia asegura que el banco mostró «incongruencia y contradicción al afirmar que el contratante tenía experiencia y conocimiento suficiente para llevar a cabo la inversión contratada», además de no haberle calificado «como minorista como imponía la normativa».

    Según la sentencia, el banco tampoco ha acreditado «haber proporcionado al cliente de manera comprensible la información adecuada sobre el instrumento financiero y la estrategia de inversión propuesta». Dicho texto explica que el banco incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones legales que «sin duda ha producido un error en el cliente» al que «se le ocultó información básica para decidir la inversión y, en consecuencia, procede a declarar la nulidad de ambos contratos —uno por 300.000 euros y el otro por 600.000—».

    Francisco Guerrero, de 62 años, sin estudios y «totalmente ignorante en cuestiones financieras», invirtió 6,5 millones en el Banco Santander, parte del dinero a su nombre y parte a nombre de sus hijos en unos fondos que creyó que eran a plazo fijo sin riesgo.

    En 2009 fue a sacar 30.000 euros para una operación de rodilla y le dijeron que «no tenía dinero». Desde entonces ha estado arruinado y, además, sus hijos dejaron de hablarle porque la parte que invirtió a su nombre, 600.000 euros para cada uno de sus cinco hijos, también se perdió.

    Fuente: 20minutos

Una jueza anula las cláusulas suelo por falta de transparencia

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  • El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid sentencia a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas y a cesar en su uso «no transparente».
  • Las entidades deberán devolver a los hipotecados las cantidades «indebidamente» abonadas desde el 9 de mayo de 2013.
  • Aquel día el Supremo declaró nulas las cláusulas suelo, pero sólo en los casos en los que el cliente no hubiera sido debidamente informado.

El Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid ha declarado la nulidad en toda España de las cláusulas suelo de las hipotecas por falta de transparencia. Así pues, condena a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización de forma no transparente.

La titular del juzgado, C. G., estima en su fallo parcialmente la macrodemanda interpuesta y que quedó vista para sentencia hace 10 meses. La condena insta a devolver a los hipotecados las cantidades «indebidamente» abonadas desde el 9 de mayo de 2013, el día en que el Supremo declaró nulas las cláusulas suelo, pero sólo en los casos en los que el cliente no hubiera sido debidamente informado.

La sentencia conocida este jueves llega diez meses después de que quedara visto para sentencia el procedimiento iniciado en 2010 a partir de una macrodemanda de 15.000 afectados y dirigida inicialmente contra 101 entidades bancarias, que después quedarían en 40 tras los procesos de fusión.

 

El juzgado declara la subsistencia de las hipotecas en vigor suscritas por las entidades demandadas en los que se hayan incluido las cláusulas cuya utilización se ordena cesar.Y desestima la pretensión de Adicae de que las cláusulas suelo no respeten el equilibrio de las obligaciones y derechos del contrato y modifiquen la naturaleza de las hipotecas.

En su sentencia de mayo de 2013, el Supremo señalaba que las cláusulas suelo son «lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidoras del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos».

De este modo, el tribunal declaraba la nulidad de estas cláusulas en los casos en los que el cliente no hubiera sido debidamente informado.

Modifica todas las hipotecas

«La sentencia modifica todas las hipotecas en España», y ha recordado que incluso los afectados no presentes en la demanda pueden acudir desde este jueves a su entidad y reclamar la modificación de las condiciones de su contrato a través de un escrito.

«Las cláusulas suelo ya son nulas, no sólo por esta sentencia sino porque así lo ha reconocido últimamente el Supremo».

«Las cláusulas suelo han sido una de las principales causas de cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios en nuestro país». De hecho, algo más de la mitad (el 52,4%) de las reclamaciones que recibió el Banco de España en 2014 fueron por cláusulas suelo. «El próximo Gobierno tendrá que legislar de forma que abusos como el ahora eliminado no vuelvan a reproducirse»

Fuente: 20minutos.es

Bankia devuelve en tres semanas 358 millones de euros a 76.443 accionistas por la salida a Bolsa

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  • Más de 125.415 accionistas han reclamado su inversión en la salida a Bolsa, según ha asegurado el presidente de Bankia en la Junta de Accionistas.
  • Se ha aprobado el segundo dividendo de la historia de la entidad, por importe de 302 millones de euros, con cargo a los beneficios de 2015.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha desvelado este martes que «en apenas tres semanas» más de 125.415 accionistas han reclamado su inversión en la salida a Bolsa de la entidad y 76.443 (un 61% del total) ya han recuperado 358 millones. A juicio del banquero, estas cifras muestran el grado de satisfacción en los pequeños inversores de la oferta de Bankia y la capacidad de respuesta y velocidad de los equipos de la entidad.

En su intervención, Goirigolzarri ha invitado a los pequeños inversores a ir a las oficinas para «entender bien el proceso» de la oferta de Bankia, el nominal y un interés compensatorio del 1% anual, ya que le consta que ha habido «mensajes confusos que no responden a la realidad», y ha insistido en que se trata de un proceso «gratuito, transparente» y con abono inmediato del importe.

El proceso se inició el pasado jueves 18 de febrero y solo en la primera semana se recibieron 83.385 solicitudes de accionistas. La entidad estima que 200.000 personas pedirán la devolución (incluidos los que las han vendido) y se abonarán unos 1.500 millones.

La entidad reservó 1.840 millones en las cuentas de 2015 para hacer frente a estas devoluciones, ante el número de demandas judiciales y su consideración por parte de los tribunales en más de un 90%. Pero fue una sentencia del Tribunal Supremo la que decidió a Bankia a devolver el dinero a todos los pequeños accionistas —no a los institucionales— por la jurisprudencia que suponía la decisión del Alto Tribunal.

Goirigolzarri se ha dirigido este martes a los abogados que representan a los pequeños accionistas para que «de acuerdo con los principios deontológicos exigibles» informen a sus clientes de la alternativa propuesta por la entidad, y ha recordado que ya se ha llegado a acuerdos sobre unos 10.000 casos.

Fuente: 20minutos

 

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