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Categoría: bonos convertibles

Ranking: Productos Tóxicos Financieros 2015

Nuestro mejor regalo para estas navidades es vuestro éxito y nuestra mayor motivación, vuestra confianza. Por ello en Bufete Alaminos hemos realizado un ranking de los productos tóxicos financieros del 2015. Una pequeña guía para que tengáis cuidado con estos productos engañosos de los que podéis ser afectados.

Bufete Alaminos especializado en la ayuda al ciudadano donde nuestros números hablan por si solos contra las reclamaciones bancarias. Cada día surgen nuevos denunciantes con gran porcentaje de ganar y recuperar su dinero. Todo gracias a la confianza que depositáis cada día en nosotros.

A continuación pasamos a detallar el Ranking de productos tóxicos financieros del 2015.

Es una condición que el banco puede incluir a la hora de firmar una hipoteca. Establece un tipo mínimo a pagar, aunque el tipo al que va referenciado el préstamo esté por debajo.

La cláusula suelo afecta a 3,3 millones de personas (4 millones si tenemos en cuenta a los clientes a los que dejaron de aplicársela tras la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013).

Los afectados pueden solicitar la nulidad de la cláusula y el resarcimiento total de los intereses cobrados indebidamente por las entidades.

  • IRPH (Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios)

En el año 2009 la Unión Europea ordenó la desaparición definitiva de los índices IRPH por ser susceptibles de manipulación. A esto hay que sumarle que no se ofreció la posibilidad de elegir entre el IRPH y el Euribor, motivo por el cual los jueces están empezando a dictar sentencias por falta de transparencia en la contratación.

Los afectados pueden solicitar la nulidad de la cláusula que establece la referencia al índice IRPH por falta de transparencia en la contratación y solicitar su sustitución por otro índice como puede ser el Euribor más el diferencial pactado y, con arreglo a la nulidad de la cláusula, la devolución por parte de la entidad de los intereses pagados de más desde el inicio del contrato.

Desde que se descubrió que Bankia necesitaba 23.000 millones de euros han pasado ya casi tres años. En diciembre de 2014 unos peritos del Banco de España determinaron que no solo las cuentas de la entidad en el momento de la OPV no reflejaban la imagen fiel sino que tampoco el folleto reflejaba esta imagen fiel. Sobre esta base se sustenta la reclamación judicial para poder recuperar las cantidades invertidas y que se perdieron casi en su totalidad.

Desde el año 2013, prácticamente todas las sentencias han permitido a los afectados recuperar la totalidad de su inversión incluidos los intereses y, condenando en costas a la parte demandada.

Las participaciones preferentes son productos calificados como instrumentos financieros complejos y arriesgados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), mientras que bancos y cajas lo han comercializado como un depósito seguro y muy rentable, con el que se abona un cupón anual de intereses y normalmente el cliente podía reintegrarlo cuando quisiera.

Cuando en realidad el titular de preferentes es un acreedor subordinado de la emisora que mejora con el importe invertido sus ratios de solvencia, al computar como fondos propios de la entidad. De este modo en caso de crisis el dinero invertido se destina a enjugar pérdidas de la emisora. Por ello, presenta el riesgo de capital, pues no está garantizado, de rentabilidad, pues el cupón solo se abona si hay beneficios anuales, el riesgo de insolvencia del emisor, pues el titular se coloca en último lugar de los acreedores solo por delante de los accionistas. El contrato no tiene vencimiento sino que es perpetuo, salvo amortización anticipada del emisor.

Además el cliente debía tener el perfil adecuado, y recibir toda la información exigible (folleto de emisión) y la orden de compra debía ser clara en cuanto a su alcance y riesgos.

Los afectados pueden reclamar la nulidad del contrato por vicio de consentimiento o la resolución por incumplimiento de obligaciones, con reintegración de la inversión y sus intereses.

Los Swaps son un producto ofrecido en masa como una especie de seguro para cubrirse frente a subidas del Euribor o de otros índices como el IPC.

Cuando en realidad se trata de un derivado financiero, un instrumento complejo y arriesgado, no adecuado a personas o entidades sin los conocimientos y experiencia para comprenderlos.

Los afectados pueden solicitar la nulidad del contrato por vicio de consentimiento por déficit informativo en la fase previa a su contratación.

  • Bonos Convertibles del Banco Popular

La Entidad mercantil Banco Popular SA emitió, en el año 2009, 700 millones de euros en bonos con una remuneración (7%).

Este producto, aparentemente sencillo y comercializado como renta fija, era en realidad un producto estructurado complejo que incluye derivados implícitos que los hacen apropiados sólo para expertos inversores financieros, no para ahorradores.

Casi desde el primer momento de la emisión, los bonos han ido perdiendo valor en caída libre y en la fecha de conversión en acciones habrán tenido una disminución de valor de aproximadamente el 80% de su valor inicial, teniendo sus tenedores que pagar un precio por acción de 17,88 euros cuando el valor actual de las acciones es de 3,36 euros.

  • Hipoteca Mutidivisas

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto y considera un instrumento derivado las Hipotecas Multidivisas para las cuales había que haber realizado el test de normas MiFID.

Si ya de por si los contratos de hipotecas multidivisas son farragosos con esta decisión del Supremo se abre la puerta a reconvertir estos préstamos en préstamos hipotecarios normales, sin los grandes riesgos asumidos sin tener un conocimiento real de lo que se estaba firmando.

Si eres un afectado por Hipoteca Multidivisas vas a poder reclamar que te cambien el contrato y que te devuelvan el sobrecoste que te ha supuesto este aparentemente buen producto hipotecario que esconde un peligroso derivado financiero.

Vencimiento bonos convertibles del Banco Popular en un mes con grandes pérdidas

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  • El 25 de noviembre vence este producto financiero complejo que la entidad comercializó entre clientes minoristas y que les obliga a convertir sus bonos en acciones a 17,69 euros, cuando ahora está por debajo de 3,7 euros por acción
  • Si el canje se hiciera al precio actual, implicaría pérdidas del 79,4% de la inversión, sin tener en cuenta los intereses percibidos hasta ahora
  • «Solo si el quebranto económico supera los 3.000 euros, a los afectados les saldrá rentable demandar al banco».

 

Dentro de un mes, a las 0:00 horas del próximo 25 de noviembre, una nueva bomba financiera habrá estallado en España. En ese momento, más de 35.000 clientes del Banco Popular se convertirán en accionistas de la entidad, con unas abultadas pérdidas en sus cuentas de ahorro.

Son los propietarios de los  bonos subordinados necesariamente canjeables del Banco Popular, más conocidos como bonos convertibles, que se vendieron entre los clientes habituales de la entidad en 2009, por un importe de 700 millones de euros y cuya fecha inicial de vencimiento, en octubre de 2013, fue ampliada en una segunda versión de los bonos lanzada en 2012, hasta el 25 de noviembre de 2015. Las pérdidas se derivan de que el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,63 euros.

Una carta es quedarse con las acciones y esperar a que se revaloricen, pero lo cierto es que es casi imposible que mejoren el 80% necesario para compensar la inversión inicial. Además, los expertos advierten de que si se conservan las acciones en algunos casos se puede entender que el inversor acepta el riesgo que conlleva ser accionista y puede jugar en su contra a la hora de una demanda favorable a recuperar el dinero.

Tampoco el banco está dispuesto a volver a ofrecer soluciones salomónicas. «No hay prevista ninguna solución generalizada para los afectados. El día 25 se hará el canje obligatorio de los bonos por acciones y luego cada caso será tratado individualmente», confirman desde la entidad.

Como es de imaginar, nadie firmó este ruinoso negocio con conocimiento de causa. «Estamos ante un producto financiero complejo más. Muy parecido a los Valores Santander y en línea con las preferentes. El problema, como en todos, se encuentra en la “colocación” a clientes minoristas.

En octubre de 2009, en plena crisis, las autoridades financieras europeas requerían a los bancos mayores exigencias de solvencia. Mientras unos colocaban participaciones preferentes, el banco presidido por Ángel Ron optó por una estrategia más similar a los Valores Santander lanzados por el banco de la familia Botín en 2007. Así, lanzó una emisión de 700 millones de bonos subordinados necesariamente canjeables, para «fortalecer los recursos propios adaptándolos a los nuevos criterios de elegibilidad relativos a la solvencia», según se recogía en el folleto de lanzamiento.

Para captar ese capital, emitió bonos a un tipo de interés del euríbor a tres meses más un 4% hasta la fecha de vencimiento, inicialmente fijada para el 23 de octubre de 2013, momento en que los bonos se transformarían automáticamente en acciones del banco. El precio de conversión inicial estaba fijado en 7,01 euros por acción. El problema fue que casi desde el mismo día de la emisión las acciones del Popular entraron en caída libre.

Patada adelante

En 2012, cuando faltaba un año para su vencimiento, el producto acumulaba unas pérdidas del 52% de la inversión inicial. El banco quiso evitar el quebranto económico a sus clientes y les ofreció la salomónica solución de contratar una segunda emisión de bonos, remunerada al 7%, con ventanas trimestrales de liquidez y que retrasaba el vencimiento hasta el mencionado 25 de noviembre de 2015. Una patada hacia adelante que no ha salido bien.

Desde 2012, el Banco Popular ha realizado complejas operaciones financieras (entre ellas, una ampliación de capital y un agrupamiento o contrasplit de acciones) que han derivado en que el actual precio de canje de esos bonos se sitúe en los inalcanzables 17,69 euros por título. Esto implica una pérdida sobre el capital inicial del 79,4%, pero que descontados los intereses que los afectados han cobrado durante todos estos años se quedaría alrededor del 35%, según datos del propio banco.

En 2012, solo unos pocos se negaron a aceptar la oferta del banco (el 95,3% de los bonistas sí lo hicieron) y asumieron las pérdidas. De ellos, algunos demandaron a la entidad y en los últimos meses están apareciendo  las primeras sentencias a favor de los afectados.

«El perfil del inversor es muy similar al de los preferentistas, personas mayores, sin ningún tipo de formación e información respecto a lo que firmaban o invertían. Se trata de un producto complejo que se contrató por la confianza y porque se vendió como una inversión segura».

Los jueces están reconociendo que se trata de un producto financiero de inversión «complejo y arriesgado que, junto a una buena rentabilidad inicial comporta riesgos inherentes a la propia aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado de referencia», según un extracto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 119/2014 de 8 abril.

Pensárselo dos veces

Aún así, si algún afectado piensa que esto puede ser como las preferentes y que los jueces le van a dar la razón casi sin despeinarse, conviene que se lo piense dos veces antes de lanzarse a la vía judicial. Todos los expertos consultados coinciden en que este producto es más complicado que las preferentes y, como ocurre con los Valores Santander, no es fácil conseguir una sentencia a favor del demandante y además la condena en costas para la entidad.

En favor de los afectados juega que en 2012 no había muchas alternativas ante la oferta de ampliar el plazo de vencimiento. Era eso o perder más de la mitad de lo invertido. Además, aunque en el folleto de emisión del producto iba destinado a inversores mayoristas, también permitía la comercialización a minoristas, siempre que se cumplieran determinadas condiciones de información, plazos, etc. En algunas de las sentencias favorables, el motivo que esgrime el juez es que el cliente tuvo que «firmar en pocas horas y no tuvo tiempo de comprender el producto».

«Pero la casuística va a ser muy compleja. Se considera que solo quienes tengan pérdidas superiores a los 3.000 euros deben plantearse demandar»,

Para cuantías inferiores, solo podría ser conveniente arriesgarse si el cliente es minorista, sin ningún tipo de experiencia financiera ni en la contratación de un producto complejo. «Para el resto no compensa. Por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, los jueces están dando la razón a los afectados pero no están condenando en costas a los bancos, lo que implica alrededor de 2.000 euros de coste para el demandante».

Otro consejo que ofrece este letrado está relacionado con la forma de actuar del afectado. En Banco Popular están intentando negociar con cada uno de ellos y eso puede ser un arma de doble filo. «Si se quiere demandar a la entidad para recuperar el dinero invertido, el 25 de noviembre habrá que asumir el canje de los bonos por las acciones, pedirle al banco el dinero (es decir, no quedarse con las acciones) y luego reclamar las pérdidas».

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