Más de 30 años de servicio al cliente en defensa de sus intereses

Etiqueta: Banco Santander

La banca se resiste a pagar a los clientes que deciden reclamar las cláusulas suelo

  • Caixabank y Sabadell rechazan una de cada dos reclamaciones por cláusulas suelo
  • Banco Popular ha abonado 200 millones por las reclamaciones de cláusulas suelo del mecanismo extrajudicial pero no concreta qué supone respecto a lo reclamado
  • Bankia y BMN –bancos participados por el Estado– han sido las únicas entidades que han decidido devolver todas las cláusulas reclamadas
  • BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este procedimiento de reclamaciones

El Gobierno aprobó en enero  un mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo con el que buscaba desatascar los juzgados de casos tras  la sentencia europea que respaldaba que se pagara todo lo cobrado de más por estas cláusulas cuando fueran consideradas abusivas. A pesar de este procedimiento, los bancos que han dado datos sobre la gestión de sus reclamaciones están rechazando casi la mitad de las recibidas.  Caixabank ha dicho que no a un 48% de las reclamaciones que le han presentado mientras que Sabadell ha respondido negativamente a un 45% de ellas. Las entidades alegan que las cláusulas suelo habían sido comercializadas con transparencia para rechazar las reclamaciones.

En cifras, Caixabank ha devuelto  210 millones de euros en cláusulas suelo a 47.000 clientes mientras que el importe abonado por Sabadell asciende a los 95 millones de euros.

Por su parte, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, cifró en 200 millones de euros las devoluciones realizadas por Banco Popular. En su día, Popular provisionó 534 millones de euros para hacer frente a estas reclamaciones ante un riesgo potencial de 600 millones de euros.  Esta es otra de las entidades que contaban con más cláusulas suelo dentro de sus hipotecas. Tras ser intervenida en junio por la Junta de Resolución Única y vendida al Banco Santander por un euro ha pasado a este grupo que está en proceso de integrarla. Santander siempre ha dicho que no tiene claúsulas suelo en sus hipotecas.

BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este procedimiento de reclamaciones. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, en la presentación de resultados del tercer trimestre únicamente ha dicho que «la evolución en las reclamaciones es en línea con lo que habíamos previsto, tanto lo que es el flujo como las previsiones y demás» asegurando que la están gestionando en un procedimiento «muy ágil» y que darán información «en las fechas previstas», aunque el banco no especifica cuáles son estas.

El caso de BBVA es paradigmático porque  la sentencia del Tribunal Supremo que respaldó que había cláusulas suelo abusivas por falta de información, pero que marcaba la fecha de devolución solo desde la fecha de la sentencia, era por una hipoteca de este banco. Tras la sentencia europea de diciembre de 2015, el alto tribunal adaptó su resolución y  le dijo a BBVA que tenía que devolver lo cobrado de más desde el momento en que entraba en vigor la cláusula y no solo desde 2013.

A pesar de las sentencias que han considerado abusivas cláusula suelos por la falta de información a la hora de incluirlas en los contratos, la tendencia general de la banca ha sido negacionista asegurando que ellos habían informado correctamente a sus clientes. El decreto otorgaba a las entidades un plazo de tres meses para contestar, por lo que un gran número de reclamaciones que fueron metidas a comienzos de la puesta en marcha del mecanismo ya están contestadas.

Únicamente Bankia y BMN aseguraron que ponían en marcha una fórmula express para devolver a todos sus clientes lo cobrado de más por estas cláusulas suelos incluidas en sus hipotecas. Bankia, participada por el Estado en un 65%, estimaba cuando dio a conocer esta práctica  que hay 60.000 clientes que podrán acogerse y que con esta medida se ahorrarán unos 100 millones de gastos judiciales. 

Bankia en un balance hecho el 26 de mayo señalaba que había abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes en concepto de devolución de cláusulas suelo en menos de cuatro meses. Mientras que  BMN habría devuelto 34 millones de euros en este concepto hasta agosto.

Judicialización de los casos

El decreto del Ejecutivo para implantar este mecanismo de devolución de cláusulas suelo incluía la creación de una Comisión de Seguimiento. El Gobierno no aprobó la creación de seguimiento hasta finales de mayo y esta no se reunió hasta finales abonado de julio. En esta reunión, la comisión  decidió cómo y qué información pedir a los bancos para elaborar sus informes. El órgano estableció que el primer envío de datos sea a cierre de septiembre y estableció que la fecha límite fuera el 9 de noviembre.

El rechazo de estas reclamaciones conllevará a la judicialización de muchas de estas reclamaciones, según aseguran asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Aunque también alertan de que el rechazo de las reclamaciones lleva a que muchos consumidores piensen que ya han agotado sus vías y recuerdan que aunque la respuesta de la banca sea negativa, se puede acudir a los tribunales. A esto se suma que se han creado juzgados especializados para los casos relativos a hipotecas, que  muchas voces critican porque se han colapsado y se ralentizan los tiempos de resolución de casos.

Por su parte, el PSOE en una proposición no de ley presentada en el Congreso advierten de que muchos bancos  están rechazando las solicitudes de devolución de aquellos clientes afectados por las cláusulas suelos que en algún momento registraron un cambio en las condiciones de su hipoteca. «La mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron una modificación en el capital o el plazo, o una subrogación (traspaso del crédito a otro banco), al considerar que esa persona estaba perfectamente informada de la limitación de los intereses» al renegociar su hipoteca, explican en su iniciativa en la que piden al Gobierno que informe sobre el número de devoluciones que se han producido y de qué entidades se niegan a devolverlas.

Fuente: eldiario.es

Condenan al Banco Santander a devolver un millón en SWAPS a una empresa tinerfeña

Un millón de euros es lo que cobrará una empresa tinerfeña tras ganar definitivamente un litigio iniciado en 2012 y que el Tribunal Supremo ha inclinado definitivamente a su favor tras ratificar la condena dictada en 2014 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el Banco Santander.

Para dar con el origen de tal disputa hay que remontarse a 2008, año en que la empresa aludida suscribió con el banco ahora condenado un swap, que es uno de los más antiguos en la larga lista de productos tóxicos financieros que la banca española empezó a comercializar masivamente entre sus clientes en los primeros años de la crisis.

La sentencia que nos ocupa destaca especialmente por la cantidad que ha recuperado esta empresa y el hecho de que, si bien en primera instancia se desechó la reclamación de la firma tinerfeña, los argumentos de su representación legal terminaron por imponerse tanto en la Audiencia Provincial como en el Supremo, que no admitió el recurso de casación presentado por el Banco Santander.

Como es ya doctrina consolidada, los tribunales consideran nulo el contrato al entender que hay error en el consentimiento prestado por el consumidor y sostienen que la entidad financiera no advirtió debidamente a su cliente de que se trataba de un producto altamente especulativo, y que este (sea un particular o una empresa) no contaba cuando se produjo el acuerdo con los recursos y/o conocimientos suficientes como para valorar adecuadamente lo que en realidad estaba suscribiendo.

40 AÑOS DE RELACIÓN POR LA BORDA

En las tres decisiones judiciales dictadas a cuenta de este singular pleito, en el que una entidad financiera ha sido condenada a devolver a una empresa tinerfeña un millón de euros (la mayor cuantía de los swap anulados por los tribunales en Canarias), se incluyen datos comunes a este tipo de casos. La Audiencia Provincial describe que, ante la preocupación de su hipotecado cliente por la subida de los tipos de interés, ofreció el swap (en realidad un producto de permuta financiera) como si la función de los mismos fuera “protegerse” o “cubrirse”. Que la firma careciera de un departamento financiero y que la representase un diplomado en Ciencias Empresariales le impidió percatarse de que, si bien es un producto legal, en realidad el swap conlleva un alto riesgo. Pero el factor decisivo para firmar eran los más de 40 años trabajando con esa entidad con resultados satisfactorios. Nada queda ya de esa confianza labrada durante decenios.

Fuente: El Español

Santander pagará 1,06 millones de euros a un cliente que invirtió y perdió el dinero de la Bonoloto en productos financieros tóxicos

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  • Francisco Guerrero, de 62 años invirtió 6,5 millones en el Banco Santander, parte del dinero a su nombre y parte a nombre de sus hijos.
  • En 2009 fue a sacar 30.000 euros y le dijeron que «no tenía dinero».
  • La sentencia explica que banco incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones legales y al cliente «se le ocultó información básica para decidir la inversión».

    El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón ha condenado al Banco Santander a pagar 1,06 millones de euros a Francisco Guerrero, que ganó 6 millones de euros en la Bonoloto y perdió todo tras invertirlo en «productos financieros tóxicos» de la entidad bancaria.

    La sentencia estima íntegramente esta demanda, presentada por una parte de lo perdido, y declara la nulidad por «infracción de precepto legal e incumplimiento del deber de transparencia de los contratos de adquisición firmados con el Banco Santander», entidad que, además, ha sido condenada en costas.

    La resolución judicial declara así la nulidad de los contratos de sustitución de los productos estructurados, contratados inicialmente como productos de reestructuración denominados Tridente, por lo que el Banco Santander deberá devolver a Francisco Guerrero los 900.000 euros invertidos en estos productos más los intereses legales, lo que resulta una cantidad final de 1.062.612 euros.

    Tras resaltar que los productos ofrecidos a Guerrero eran «complejos», la sentencia asegura que el banco mostró «incongruencia y contradicción al afirmar que el contratante tenía experiencia y conocimiento suficiente para llevar a cabo la inversión contratada», además de no haberle calificado «como minorista como imponía la normativa».

    Según la sentencia, el banco tampoco ha acreditado «haber proporcionado al cliente de manera comprensible la información adecuada sobre el instrumento financiero y la estrategia de inversión propuesta». Dicho texto explica que el banco incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones legales que «sin duda ha producido un error en el cliente» al que «se le ocultó información básica para decidir la inversión y, en consecuencia, procede a declarar la nulidad de ambos contratos —uno por 300.000 euros y el otro por 600.000—».

    Francisco Guerrero, de 62 años, sin estudios y «totalmente ignorante en cuestiones financieras», invirtió 6,5 millones en el Banco Santander, parte del dinero a su nombre y parte a nombre de sus hijos en unos fondos que creyó que eran a plazo fijo sin riesgo.

    En 2009 fue a sacar 30.000 euros para una operación de rodilla y le dijeron que «no tenía dinero». Desde entonces ha estado arruinado y, además, sus hijos dejaron de hablarle porque la parte que invirtió a su nombre, 600.000 euros para cada uno de sus cinco hijos, también se perdió.

    Fuente: 20minutos

La Audiencia Nacional equipara los Valores Santander a las preferentes de las cajas

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  • Los magistrados Murillo, Palacios y González deciden investigar la comercialización de estos productos para determinar si existió un posible «engaño». Además, culpan al juez Moreno, que archivó la denuncia de 90 afectados, de no «investigar los hechos denunciados».

Colocación masiva, a un perfil de cliente inapropiado, en momentos de turbulencias financieras, con una información deficiente que les hizo pensar que estaban contratando un producto más seguro… La cascada de motivos por los que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha decidido investigar los ‘Valores Santander’ son idénticos a los que muchos jueces de toda España fundamentan sus fallos para condenar a las antiguas cajas frente a sus clientes por las preferentes. Otro duro golpe al banco presidido por Emilio Botín por un producto cuya comercialización ya ha sido sancionada por la CNMV en dos ocasiones.

Pero los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González Pastor no sólo señalan al banco, sino que en su auto ejercen una dura crítica al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que decidió archivar  la querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad de la comercialización fraudulenta en septiembre de 2007 del producto financieroValores Santander. La emisión se realizó en nueve días hábiles para 129.000 personas y reportó al banco un ingreso de 7.000 millones de euros. Los letrados culpan en su escrito a Ismael Moreno no sólo «no practicar ninguna diligencia previa, sino el sobreseimiento libre de las actuaciones, sin que le precediera la mínima instrucción en investigación de los hechos denunciados».

Los tres magistrados, además, le reprochan ahora «la nebulosa de algunas de sus apreciaciones» y sospechan que el banco podría no haber suministrado «convenientemente la oportuna información sobre el producto» a los clientes que lo adquirieron. Incluso, en su auto, justifican la apertura de una nueva investigación para determinar si en «los hechos denunciados, conforme a lo expuesto, y sobre los que planea la duda de si al tiempo de mover la voluntad de los potenciales suscriptores del producto, pudo existir el elemento del engaño, configurador del delito de estafa, y si tal proceder fue aislado o genérico».

Los querellantes aseguran que el banco «comercializó el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo» cuando realmente se trataba de la adquisición de «obligaciones convertibles» que impedían al comprador «recuperar el capital invertido».

Además, acusan al Banco Santander SA, Santander Emisora 150 SAU, los administradores de ambas entidades, los responsables de la emisión, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca y José Antonio Soler, los directores de venta del producto y los empleados que lo ofrecieron de delitos de estafa falsedad, apropiación indebida y contra el mercado y los consumidores.

El juez instructor Moreno archivó la querella en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que defendía que existían indicios de la comisión de un delito de defraudación que afectaba a personas de todo el territorio nacional.

En el auto hecho público este lunes, agregan que «es sostenible pensar» que varios de los suscriptores del producto «no estuvieran por la labor de convertir sus ahorros, planes de pensiones, depósitos o imposiciones a plazo fijo en unas acciones ordinarias de nueva emisión del banco».

Octogenarios y amas de casa sin estudios

Se refieren, en concreto, a «personas de 76, 80, 82 y 85 años» (que figuran entre los clientes compradores de estos valores) y dicen que es difícil pensar que quisieran suscribir un producto especulativo sino rentabilizar un dinero a plazo fijo que fue lo que se les ofreció. Un argumento reiterado por cientos de jueces de toda España en sus fallos condenatorios por la comercialización, años atrás, de productos híbridos (preferentes y deuda subordinada) por parte de las cajas.

A este respecto, destacan que hubo clientes que optaron por cambiar a Valores Santander otros productos que ya tenían, porque se les decía que era más seguro en cuanto que se trataba de un depósito a plazo fijo de alta rentabilidad y por un periodo de cinco años. «De entre los denunciantes hay jubilados, pensionistas, amas de casa con estudios primarios, un albañil, una auxiliar domiciliaria, además de un arquitecto técnico, profesores, funcionarios, administrativos y un comerciante», dice el auto que sugiere que todos adquirieron el producto tras saber que su aportación iba a reportarles un rendimiento del 7,30%.

Los tres magistrados reflejan en su auto un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el producto en el que advertía que los valores «se colocaron de forma masiva y quizás indiscriminada entre los clientes del banco, en unos momentos en los que se podía intuir y notar los inicios de las turbulencias de los mercados financieros».

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multó el pasado mes de febrero con casi 17 millones al Banco Santander por la comisión de dos infracciones, una muy grave y otra grave, relacionadas con el producto Valores Santander.

En concreto, la CNMV sancionó con 10 millones de euros al banco que preside Emilio Botín por no disponer de la información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión Valores Santander. La CNMV considera que la entidad incurrió así en una infracción grave, tipificada en la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio, vigente con anterioridad al 21 de diciembre de 2007.

Asimismo, la CNMV impuso una multa de 6,9 millones de euros al banco al considerar que cometió una infracción muy grave, consistente en el incumplimiento de algunas de las obligaciones que regulan la relación entre el Santander y sus clientes respecto al citado producto.

Fuente: vozpopuli.com

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