Más de 30 años de servicio al cliente en defensa de sus intereses

Etiqueta: Bankia Página 1 de 4

La banca se resiste a pagar a los clientes que deciden reclamar las cláusulas suelo

  • Caixabank y Sabadell rechazan una de cada dos reclamaciones por cláusulas suelo
  • Banco Popular ha abonado 200 millones por las reclamaciones de cláusulas suelo del mecanismo extrajudicial pero no concreta qué supone respecto a lo reclamado
  • Bankia y BMN –bancos participados por el Estado– han sido las únicas entidades que han decidido devolver todas las cláusulas reclamadas
  • BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este procedimiento de reclamaciones

El Gobierno aprobó en enero  un mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo con el que buscaba desatascar los juzgados de casos tras  la sentencia europea que respaldaba que se pagara todo lo cobrado de más por estas cláusulas cuando fueran consideradas abusivas. A pesar de este procedimiento, los bancos que han dado datos sobre la gestión de sus reclamaciones están rechazando casi la mitad de las recibidas.  Caixabank ha dicho que no a un 48% de las reclamaciones que le han presentado mientras que Sabadell ha respondido negativamente a un 45% de ellas. Las entidades alegan que las cláusulas suelo habían sido comercializadas con transparencia para rechazar las reclamaciones.

En cifras, Caixabank ha devuelto  210 millones de euros en cláusulas suelo a 47.000 clientes mientras que el importe abonado por Sabadell asciende a los 95 millones de euros.

Por su parte, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, cifró en 200 millones de euros las devoluciones realizadas por Banco Popular. En su día, Popular provisionó 534 millones de euros para hacer frente a estas reclamaciones ante un riesgo potencial de 600 millones de euros.  Esta es otra de las entidades que contaban con más cláusulas suelo dentro de sus hipotecas. Tras ser intervenida en junio por la Junta de Resolución Única y vendida al Banco Santander por un euro ha pasado a este grupo que está en proceso de integrarla. Santander siempre ha dicho que no tiene claúsulas suelo en sus hipotecas.

BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este procedimiento de reclamaciones. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, en la presentación de resultados del tercer trimestre únicamente ha dicho que «la evolución en las reclamaciones es en línea con lo que habíamos previsto, tanto lo que es el flujo como las previsiones y demás» asegurando que la están gestionando en un procedimiento «muy ágil» y que darán información «en las fechas previstas», aunque el banco no especifica cuáles son estas.

El caso de BBVA es paradigmático porque  la sentencia del Tribunal Supremo que respaldó que había cláusulas suelo abusivas por falta de información, pero que marcaba la fecha de devolución solo desde la fecha de la sentencia, era por una hipoteca de este banco. Tras la sentencia europea de diciembre de 2015, el alto tribunal adaptó su resolución y  le dijo a BBVA que tenía que devolver lo cobrado de más desde el momento en que entraba en vigor la cláusula y no solo desde 2013.

A pesar de las sentencias que han considerado abusivas cláusula suelos por la falta de información a la hora de incluirlas en los contratos, la tendencia general de la banca ha sido negacionista asegurando que ellos habían informado correctamente a sus clientes. El decreto otorgaba a las entidades un plazo de tres meses para contestar, por lo que un gran número de reclamaciones que fueron metidas a comienzos de la puesta en marcha del mecanismo ya están contestadas.

Únicamente Bankia y BMN aseguraron que ponían en marcha una fórmula express para devolver a todos sus clientes lo cobrado de más por estas cláusulas suelos incluidas en sus hipotecas. Bankia, participada por el Estado en un 65%, estimaba cuando dio a conocer esta práctica  que hay 60.000 clientes que podrán acogerse y que con esta medida se ahorrarán unos 100 millones de gastos judiciales. 

Bankia en un balance hecho el 26 de mayo señalaba que había abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes en concepto de devolución de cláusulas suelo en menos de cuatro meses. Mientras que  BMN habría devuelto 34 millones de euros en este concepto hasta agosto.

Judicialización de los casos

El decreto del Ejecutivo para implantar este mecanismo de devolución de cláusulas suelo incluía la creación de una Comisión de Seguimiento. El Gobierno no aprobó la creación de seguimiento hasta finales de mayo y esta no se reunió hasta finales abonado de julio. En esta reunión, la comisión  decidió cómo y qué información pedir a los bancos para elaborar sus informes. El órgano estableció que el primer envío de datos sea a cierre de septiembre y estableció que la fecha límite fuera el 9 de noviembre.

El rechazo de estas reclamaciones conllevará a la judicialización de muchas de estas reclamaciones, según aseguran asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Aunque también alertan de que el rechazo de las reclamaciones lleva a que muchos consumidores piensen que ya han agotado sus vías y recuerdan que aunque la respuesta de la banca sea negativa, se puede acudir a los tribunales. A esto se suma que se han creado juzgados especializados para los casos relativos a hipotecas, que  muchas voces critican porque se han colapsado y se ralentizan los tiempos de resolución de casos.

Por su parte, el PSOE en una proposición no de ley presentada en el Congreso advierten de que muchos bancos  están rechazando las solicitudes de devolución de aquellos clientes afectados por las cláusulas suelos que en algún momento registraron un cambio en las condiciones de su hipoteca. «La mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron una modificación en el capital o el plazo, o una subrogación (traspaso del crédito a otro banco), al considerar que esa persona estaba perfectamente informada de la limitación de los intereses» al renegociar su hipoteca, explican en su iniciativa en la que piden al Gobierno que informe sobre el número de devoluciones que se han producido y de qué entidades se niegan a devolverlas.

Fuente: eldiario.es

Bankia condenada a devolver 36.000 euros a una anciana con Alzheimer por las preferentes

  • La mujer adquirió participaciones preferentes en 2009 sin la debida información.
  • El juez ordena a la entidad a devolver la cantidad que invirtió la mujer, más los intereses legales desde la fecha de suscripción hasta su pago.
  • «La técnica de contratación fue totalmente inadecuada», dice la sentencia.

 

El Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid ha condenado a Bankia a devolver a una anciana con Alzheimer 36.000 euros por adquirir preferentes sin la debida información.

El juez estima una demanda tramitada contra Bankia. La resolución declara nulo el contrato de suscripción de participaciones preferentes, suscrito entre las partes el 7 de julio de 2009. Así, ordena a la entidad bancaria a devolver la cantidad que invirtió la mujer, más los intereses legales desde la fecha de suscripción hasta su completo pago.

El juez considera que existió error en la firma y, por lo tanto, faltó el consentimiento sobre los elementos esenciales. «Debe existir una información previa al contrato, relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales y en particular sobre las características jurídicas y económicas», subraya.

Además, destaca el magistrado que la información debe ser «comprensible» adaptada a las circunstancias. «El eje básico de los contratos, cualesquiera que sean sus partes, es el consentimiento de las mismas sobre su esencia, que no debe ser prestado, para surtir eficacia, de forma errónea», señala.

Por otro lado, señala que «se da la circunstancia de que la actora tenía casi 80 años cuando contrata el producto, existiendo un informe pericial, ratificado por su autor en el plenario, en el que se señala que, dado el trastorno cognitivo que presentaba en 2011, y que el referido trastorno requiere un tiempo de evolución, es más que plausible que en el momento de la suscripción del producto la paciente ya presentara signos de deterioro».

Y reprocha que «la técnica de contratación fue totalmente inadecuada, sin tiempo material suficiente para comprender el alcance de la operación que se suscribía, por cuanto el cliente no tenía posibilidad de examinar la documentación de forma pausada y previa a la contratación».

En este caso, la información no consta en el contrato suscrito sino en veinte folios adicionales que se pretende fueron leídos por la demandante el mismo día de la firma del contrato. Tampoco constan las firmas del demandante en todos y cada uno de los folios que se aportan, sino tan solo en cada última página de cada bloque documental».

Fuente: 20minutos

Una jueza frena un desahucio por cláusulas abusivas y condena a Bankia a pagar las costas

  • La jueza de Barcelona ha archivado la petición de ejecución hipotecaria presentada por Bankia, que reclamaba 177.825 euros a los propietarios de la vivienda.
  • Ha declarado nula por abusiva una de las cláusulas del contrato que fijaba un interés de demora «muy superior a los previstos para contratos con consumidores».
  • La magistrada también ha considerado abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo

Una jueza ha frenado el desahucio de un matrimonio de Barcelona que había dejado de pagar las cuotas de la hipoteca a Bankia, al declarar abusivas las cláusulas del préstamo, y ha obligado a la entidad bancaria a pagar las costas judiciales del proceso.

En un auto, el juzgado de primera instancia número 8 de Barcelona archiva la petición de ejecución hipotecaria presentada por Bankia, que reclamaba un total de 177.825 euros a los propietarios de la vivienda, que en 2006 les costó 140.000 euros, con una hipoteca de cerca de 150.000.

Los letrados de los propietarios, ha celebrado el auto judicial, no solo por darle la razón en cuanto a la existencia de cláusulas abusivas, sino también porque impone las costas del proceso a Bankia, en una decisión poco habitual en los casos en que la entidad bancaria resulta condenada.

La jueza detiene la ejecución hipotecaria que solicitaba Bankia, al declarar nula por abusiva una de las cláusulas del contrato que fijaba un interés de demora «muy superior a los legalmente previstos para contratos con consumidores», al situarse seis puntos por encima del interés remuneratorio.

El auto reconoce, además, que los propietarios de la vivienda podrían haber seguido haciéndose cargo de los pagos mensuales si el banco le hubiera aplicado desde un principio el interés Euribor, en vez del IRPH cajas que se fijó en 2006 en la escritura de la hipoteca, índice que puede llegar a ser 13 veces más elevado.

La magistrada sostiene además que no se concedió un «plazo razonable» a la propietaria de la vivienda para abonar las cuotas hipotecarias que debía a Bankia antes del vencimiento anticipado de la deuda.

En el auto, la jueza considera también abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo, otro de los motivos por los que acuerda archivar la petición de ejecución hipotecaria planteada por Bankia.

Fuente: 20 minutos

Preferentes de Bankia ilegales pero con demandas individuales

Los inversores deberán presentar demandas individuales para recuperar el dinero.

El juez de lo mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón, ha declarado nulas, por abusivas, seis cláusulas introducidas por Caja Madrid (hoy Bankia) en los contratos de suscripción de participaciones preferentes, aunque no ha estimado la pretensión de devolver el dinero a los inversores minoristas al haber presentado una demanda colectiva en vez de demandas individuales de nulidad de sus contratos.

El fallo se ha producido más de tres años después y 3.057 personas que se adhirieron presentaran una demanda contra Caja Madrid por la comercialización de participaciones preferentes a clientes con perfil minorista.

En una sentencia conocida este martes, contra la que cabe recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid no ha estimado la pretensión de devolución a los 3.057 demandantes las cantidades invertidas en la adquisición de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (serie II), pero ha declarado nulas seis condiciones generales de la contratación de tres contratos mediante los que se instrumentó la compra de las preferentes: el contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores; el contrato de depósito o administración de valores y el contrato de información de las condiciones de prestación de servicios de inversión. La sentencia condena a Caja Madrid Finance Preferred y a Bankia a eliminarlas y a cesar en su utilización.

RREGULARIDADES

La sentencia pone de manifiesto irregularidades cometidas en el proceso de comercialización de las participaciones preferentes de Caja Madrid y destaca que las consecuencias de tales irregularidades, derivadas de informaciones y prácticas inadecuadas, han de hacerse valer no a través del planteamiento general y abstracto de una acción colectiva -que es la que se ha ejercitado-, sino por el planteamiento concreto de una acción individual de nulidad de los contratos por error en el consentimiento.

El magistrado indica que esto se debe a que, si bien con el planteamiento individual de la acción de nulidad por error en el consentimiento puede preguntarse a un consumidor minorista si pensó que contrataba participaciones preferentes o un depósito a plazo -y resultar nulo el contrato por acreditarse que pensó erróneamente que contrataba un depósito a plazo, obteniéndose por la nulidad la restitución de lo invertido-, con el planteamiento abstracto propio de la acción colectiva no se puede obtener la nulidad del contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores y la restitución de lo invertido.

La sentencia sostiene que en una acción colectiva como la ejercitada el juez, necesaria y legalmente, va a negar la nulidad de los contratos porque la característica de perpetuidad de las participaciones preferentes viene dada por la ley.

En el caso de las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) “resulta más complicado obtener una nulidad total del contrato que permita una recuperación de lo invertido porque en el razonamiento abstracto de la acción colectiva el juez ha de partir necesariamente de que las participaciones preferentes son valores negociables representados por anotaciones en cuenta y pueden subsistir como derechos por la sola inscripción en un registro contable, que es la que los hace nacer. De tal manera que no son derechos que nacen de un contrato sino derechos nacidos con la inscripción en un registro contable que pueden o no pasar a un contrato».

«Si no pasan a un contrato», razona, «introducen dos serias limitaciones para la declaración de nulidad total del documento de adquisición de participaciones preferentes que permitiría recuperar la inversión». La primera es que «el juez aprecia la abusividad de una condición general de la contratación cuando pasa a un contrato y los derechos que conceden los valores negociables representados por anotaciones en cuenta no tienen que pasar a un contrato para existir». La segunda es que «el juez aprecia la abusividad de una condición general por el desequilibrio entre precio y prestación (artículo 3.1 de la Directiva 13/93), y las prestaciones más importantes para el inversor minorista que conceden las participaciones preferentes Caja Madrid 2009 (Serie II) no han pasado a ningún contrato”.

Según la sentencia, esto motiva que no se pueda declarar la nulidad completa del único contrato que podría permitir a los inversores minoristas recuperar su inversión:  el contrato de orden de compra /suscripción/ canje de valores «que, por lo demás, es un contrato absolutamente estándar y generalizado para la compra de cualquier valor».

El juez deja abierta la posibilidad de que los inversores minoristas obtengan la restitución de lo invertido ejercitando las acciones individuales de nulidad del contrato por error en el consentimiento, posibilidad que existía desde que el Juzgado declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la misma.

Fuente: El Español

Jueces ordenan a la banca pagar retroactividad total por las cláusulas suelo

 

Lcascada de sentencias que están dando la razón a los afectados por las cláusulas suelo -el recargo ilegal colado de matute en los créditos hipotecarios por las entidades financieras si bajaba el Euríbor- está entrando en una nueva dimensión, todavía más favorable a los perjudicados. Cada vez más jueces desoyen la sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre de 2015, según la cual los afectados tienen derecho a recuperar el dinero extra abonado a la banca, pero limitando la retroactividad hasta el 9 de mayo de 2013.

De acuerdo con varias sentencias consultadas, los jueces entienden que los compradores de vivienda tienen derecho a recuperar todo el importe pagado en concepto de cláusulas suelo.

El veredicto del Alto Tribunal argumentó que la devolución de las cláusulas suelo por los bancos más allá de mayo de 2013 podía poner en riesgo la viabilidad del sistema financiero español. No es una decisión firme: la sentencia definitiva llegará el 21 de diciembre procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero los jueces, cada vez más, reinterpretan al Supremo y consideran que la retroactividad limitada no se ajusta a la ley. Así lo ponen de manifiesto varias resoluciones obtenidas por este medio en Guipúzcoa, Ciudad Real, Burgos, León, Madrid y Alicante, entre otros municipios.

Los bancos quieren acuerdos

El aplastante número de victorias en los juzgados ha llevado a los bufetes a publicitar sus campañas, conscientes de que hay miles –si no millones- de afectados que no demandan a las entidades financieras por desconocimiento. Aunque no hay datos oficiales, se considera que una de cada dos hipotecas firmadas hasta 2015 contenía algún tipo de cláusula suelo. Una prerrogativa de la que los directores de las sucursales no informaban o lo hacían vagamente cuando el cliente firmaba el crédito.

“En un 80%  de los casos, una vez presentada la demanda, el banco demandado propone un acuerdo en sede judicial satisfactorio para el cliente. Pero, claro, es necesario demandar previamente a la entidad para poder llegar a ese acuerdo”.

Vida útil de la hipoteca

Los bancos se preparan de hecho para asumir una lluvia de demandas millonarias de alcance incierto. Según varias partes implicadas en los litigios, las entidades financieras más golpeadas por la firma de cláusulas suelo son Banco Popular, Bankinter,  Liberbank, Banco Ceis, Caixa Bank, Banco Sabadell, BBVA,CCM, Bankia y Mare Nostrum. Y pueden estar aún más golpeadas si la sentencia del TJUE anula la retroactividad limitada.

De 10.000 a 30.000 euros

La media a devolver por la banca también varía, en función de lo que decida el TJUE dentro de pocas semanas. Las cifras que la abogacía maneja están ligeramente por debajo de los 10.000 euros por denuncia, un monto que podría subir hasta 30.000 euros si la institución con sede en Luxemburgo elimina el límite de mayo de 2013. Un mordisco importante sobre el total concedido.

Fuente: El independiente

Prescritas todas las demandas interpuestas contra Bankia por su salida a Bolsa con posterioridad al 25 de mayo de 2016

  • Según la Audiencia Provincial de Madrid, ya han expirado los cuatro años que permiten reclamar.
  • El 25 de mayo se cumplen cuatro años desde que el presidente de la entidad admitiera pérdidas por valor de 2.979 millones.
  • Aún quedarían unos 21.000 accionistas pendientes de recuperar el dinero invertido, unos 96 millones.

La Audiencia Provincial de Madrid considera prescritas todas las demandas interpuestas contra Bankia por su salida a Bolsa con posterioridad al 25 de mayo de 2016, al considerar que ya han expirado los cuatro años para reclamar por vicio en el consentimiento habilitados por ley.

Según fuentes jurídicas, la Junta de Magistrados que componen las secciones civiles de la Audiencia Provincial ha adoptado dicha decisión tras unificar los criterios evidenciados por los distintos juzgados, generales o mercantiles, de la región en sus sentencias.

El acuerdo establece que el plazo para solicitar la nulidad en la compraventa de acciones de Bankia expiró el pasado 25 de mayo, fecha en la que se cumplieron cuatro años desde que el actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, admitió pérdidas por valor de 2.979 millones de euros tras reformular las cuentas de 2011.

Sólo entonces, sostienen los magistrados, es cuando puede considerarse que salió a la luz la verdadera situación de la entidad y pensar que las cuentas utilizadas en el folleto informativo del debut bursátil no reflejaban una imagen fiel sino que indujeron a engaño al inversor.

La Audiencia Provincial de Madrid asume así la doctrina dictada por el Tribunal Supremo para la nulidad en la adquisición de participaciones preferentes en función del artículo 1.301 del Código Penal, que fija en 48 meses el límite para este tipo de reclamaciones.

Una disposición cada vez más extendida entre los jueces, que sentencias recientes aludían a la importancia de la citada fecha al tratarse del momento en el que «la imagen de solvencia y de plena confianza que hasta entonces transmitía Bankia se transformó radicalmente».

Al margen del caso penal iniciado en 2012 en la Audiencia Nacional y que investiga a una treintena de altos cargos de la entidad, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, la salida a Bolsa de Bankia ha protagonizado numerosos litigios por la vía civil.

Especialmente después de que el pasado enero, el Supremo anulase dos casos de compra de acciones al constatar que hubo error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto y las reales, lo que abrió la veda a nuevas reclamaciones.

Con el objetivo de contrarrestar la ofensiva, la entidad puso a disposición de los inversores un sistema extrajudicial por el que los particulares podían recuperar el 100% de su inversión, unos 807 millones, más un interés anual del 1% a cambio de renunciar a acciones legales.

Según la información remitida por Bankia al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en septiembre, aún quedarían unos 21.000 accionistas pendientes de recuperar el dinero invertido, una cifra que supone en torno a 96 millones, después de que la entidad resarciese a unas 223.000 cuentas de pequeños inversores.

Ahora, la decisión de la Audiencia de Madrid limita las posibles demandas de estos clientes, que, según estimaciones de Bankia, corresponden al 5 % de las cuentas de particulares que apostaron por el valor en su debut en el parqué, y que a falta de semanas para que concluya uno de los años más álgidos para este asunto no han acudido ni a los juzgados ni a la oferta del propio banco.

Fuente: 20minutos

 

La banca obligada a devolver millones en promociones fallidas

comparecencia-olliu

El Tribunal Supremo ha asestado un nuevo golpe al sistema bancario español que obliga a devolver millones en promociones fallidas. En una sentencia del 21 de diciembre pasado, el alto tribunal sienta jurisprudencia y ordena a los bancos a devolver el dinero adelantado por clientes a promotores para viviendas que no se construyeron. Así que la banca responderá por miles de urbanizaciones fantasma, especialmente en el litoral y muchas vendidas a compradores británicos. La clave está en una ley de 1968, aprobada después de un escándalo que dejó a 10.000 personas sin casa en Madrid, y que obligaba a los bancos a tener avalada la cantidad entregada a cuenta para la vivienda, algo que incumplieron masivamente durante la burbuja. El fallo ha corrido como la pólvora entre los despachos especializados porque fija una doctrina dura con la banca, y los departamentos de riesgos de los bancos echan humo intentando cuantificar su impacto. La ley ha estado vigente hasta el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la reforma del PP que rebajaba las condiciones para la banca.

En junio de 2004, una vecina de Valencia hizo lo que tantos otros españoles: dio la entrada para una casa. Iba a ser un adosado en Dénia (Alicante), bajo el Montgó y cerca del casco urbano. La urbanización tenía 94 casas, entre apartamentos, chalés y adosados, y estaba impulsado por el alemán Hermann Schmitz en la promotora Berliner Bau Project La Siesta, (explotaba en el nombre el prestigo de ser alemán). El 25 de junio de ese año, la compradora dio la primera entrada a cuenta y los meses siguientes llegó a ingresar en la cuenta de la CAM de la promoción 38.400,55 euros. Recuerden que entonces los pisos nunca bajaban y España jugaba la Champions League de la economía. Según el contrato, las casas debían estar listas en dos años.

La promoción fue sufriendo demoras y en septiembre de 2007, cuando debía estar más que lista, el promotor alemán envió una carta a los dueños: «Nos complacemos en comunicarle con la presente que las obras se iniciarán esta semana». Tres años después, cuando la burbuja estallaba y el Gobierno vendía que era un aterrizaje suave, no estaban terminadas ni las obras de urbanización. Las casas se estaban esfumando y con ellas los ahorros de decenas de familias. Nuestra compradora demandó a la CAM y a la promotora Berliner Bau Project La Siesta, que por entonces se había esfumado. Ni compareció en el juicio. Cristina Juan Vidal, la abogada que llevó el caso y que pide que no se publique el nombre de la clienta, cuenta lo difícil que fue: «Estudiamos el caso y de los compradores casi nadie quiso ir contra el banco que había recibido las entradas a cuenta».

Lo normal entre los compradores que se quedaron sin vivienda por el estallido de la burbuja era ir en los tribunales contra el promotor. Pero esperar recuperar el dinero de un empresario quebrado y sin más activos que esqueletos de hormigón es casi imposible, por muy buena fe que tenga el administrador concursal. Pero Cristina Juan Vidal, del despacho valenciano Asiaín Asesores, no solo demandó a la promotora sino también a la CAM, que recibía el dinero y que había dado 11 millones al promotor para la construcción de las casas.

La abogada esgrimía la ley «sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas». Se trata de un conciso texto legal -dos páginas y siete artículos de escritura clara, con puntos y seguidos en lugar de eternas subordinadas- con el que el régimen franquista quiso proteger a los compradores de viviendas. La ley nació un año después del escándalo Nueva Esperanza. La quiebra de Construcciones Nueva Esperanza dejó a 10.615 familias sin el piso por el que habían pagado 105,89 millones de pesetas de la época. Así que el régimen franquista estableció una serie de protecciones al consumidor. Obligaba al banco a tener una serie de avales y garantías para que la entrada de una vivienda se destinase a la construcción y siempre estuviese garantizada si el promotor quebraba. Entre otras cosas, fijaba que el dinero debía ir a una cuenta especial, siempre avalada. Juan Vidal defiende la ley: «Tiene de bueno que no necesita ser extensa para dejar clara la defensa de la parte más débil, el consumidor de vivienda en plano». Al ser concisa, añade, «no da apenas pie a interpretaciones contradictorias».

Pero con la burbuja inmobiliaria que llegó 30 años después, esas cauciones se fueron olvidando. Los avales exigidos en la ley encarecían la promoción y, además, como las casas se vendían sobre plano y se recompraban otra vez, nadie temía que fuera a ser necesaria. La ley franquista, que nunca fue derogada, dormía en un cajón sin apenas uso. Pero solo estaba en letargo.

Al recibir la demanda, la CAM argumentó que no pintaba nada en el procedimiento, que era un tercero ajeno al pacto entre los compradores y la promotora, y que si el dinero ya no estaba no era su problema. La jueza Marisa Fayos Bonell, titular del juzgado 5 de Dénia, rechazó su pretensión el 9 de noviembre de 2011: «Si la CAM avaló las obras de urbanización y la promoción, hemos de concluir que la entidad crediticia era sabedora del deber de ingreso de los pagos de los compradores en una cuenta especial, extremo que debió indicar al promotor, y en todo caso , exigirle la presentación de aval o seguro que garantizase la devolución de dichos ingresos, no pudiendo ahora alegar que era un tercero y que solo se le pidió que avalara las obras de urbanización», señala el fallo. Condenó a la caja a devolver el dinero más el 4% de interés anual.

En los últimos años ha habido una serie de sentencias como esta, aunque otras iban en sentido contrario. Los bancos, que con los primeros fallos en contra pagaban para evitar jurisprudencia de instancias superiores, empezaron a recurrir después para evitar el efecto llamada.La CAM llevó el caso a la Audiencia Provincial y ahí le dieron la razón. Según esa sentencia, quien debía garantizar el dinero era el promotor, no la CAM. «La propia ley [de 1968], como el Tribunal Supremo, consideran que la obligación de garantizar la devolución de las cantidades entregadas antes de la construcción o durante ella, más el interés legal, corresponde al promotor mediante aval o seguro», falló la sección sexta de la Audiencia de Alicante el 4 de julio de 2012.

Los abogados recurieron en casación al Supremo. Es una vía complicada que rara vez prospera. Pero esta vez hubo bingo. El pasado 21 de diciembre, la sala primera del Tribunal Supremo corrigió a la Audiencia y condenó al banco (la promotora hacía tiempo que había volado del procedimiento por la vía de no aparecer). Señaló que la ley de 1968 desmiente que los bancos sean «terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de exigir». Condena a la CAM a devolver el dinero más intereses y costas.

La sala ya había dictado tres sentencias en 2015 que abonaban el camino, pero ninguna tan clara como esta. En este fallo, del que fue ponente Francisco Marín Castán, presidente de la sala Civil del Supremo, fija además «la siguiente doctrina jurisprudencial»: «En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad».

El fallo ha corrido por los despachos y la Audiencia de Valencia ya la ha aplicado, como publicó el diario ‘Levante‘. La abogada que ganó el caso en el alto tribunal se muestra muy contenta con abrir la puerta a miles de reclamaciones. Otros despachos especializados explican que esto puede suponer lo mismo que la sentencia del Supremo que declaró que en la salida a bolsa de Bankia en 2011 hubo engaño a los particulares. Es imposible calcular el impacto en las cuentas de resultados, pero en la costa hay resorts enormes que atraparon a miles de inversores, muchos de ellos británicos.

«Es un tema muy importante. En la práctica, esto supone que los acreedores ordinarios que dieron dinero a cuenta para una vivienda a cualquiera de las promotoras en liquidación pueden ahora salirse del concurso y reclamárselo al banco», señalan fuentes del sector jurídico.

Bankia y otras entidades ya fueron condenadas, pero el nuevo fallo abre la puerta a miles de reclamaciones

En un caso como el de Trampolin Hills (Campos del Río, Murcia), un resort de 2.573 viviendas que no llegó a construirse, los compradores entregaron a cuenta 53,5 millones y los avales establecidos por La Caixa solo cubrían seis. Así que sihay una cascada de sentencias, podría tener que responder por todo. Ya hay compradores que han ganado en Trampolin, pero hay miles de afectados. Cualquiera que haya viajado por la costa mediterráneo y visto los esqueletos de resorts a medio construir se puede hacer una idea de la magnitud de las implicaciones que trae esta jurisprudencia.

Muchos de estos desmanes se produjeron con cajas de ahorro, pero después fueron absorbidas por bancos. Son estos los que ahora tendrán que responder por eso, aunque no lo previeron cuando las compraron. En el caso de la urbanización de Dénia, deberá pagar el Sabadell, que se quedó con la CAM por un euro después de que la caja hubiera recibido 5.249 millones en ayudas públicas. Un portavoz de Sabadell admite que el caso está sobre la mesa y que hasta ahora tenían pleitos en los que ganaban y otros en los que perdían. Es previsible que la banca busque acuerdos con los compradores para ahorrarse las costas judiciales y el interés del dinero.

Hay sentencias anteriores a la del Supremo en esa dirección, como la de un juzgado de Torrevieja (Alicante) que ha dado la razón a Guadalupe Sánchez y ha condenado a Bankia a pagar unos 800.000 euros (medio millón que entregaron los clientes, más intereses y costas) por la promoción Golden Sun Golf Resort (en San Juan de los Terreros, Almería). La promoción, una especie de torre de babel en mitad de la nada, formó parte del libro ‘Ruinas modernas, una topografía del lucro’ (editorial Ámbit, 2012), de la arquitecto Julia Schulz-Dornburg, que documentó de forma espectacular los desmanes de la burbuja. Muchas de estas ruinas forman parte del banco malo, la Sareb, pero la paradoja es que se quedó los esqueletos de ladrillos, pero no esos pleitos por el dinero que entregaron los clientes.

La jurisprudencia del Supremo, que en el fallo destaca que sea una ley preconstitucional la que fija ese «enérgico e imperativo sistema protector de los compradores», abre la puerta a miles de clientes. Pero para el futuro, ese camino será más difícil de transitar. El 1 de enero de 2016 entró en vigor una ley aprobada por el PP en julio pasado que deroga la norma de 1968. En una ley sobre «ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras», rebajó los requisitos para que el banco responda en caso de que la casa no se construya. Por ejemplo, el banco solo responderá si la promoción tiene licencia de obra, cuando hasta ahora muchas de las promociones comenzaban a recibir dinero antes incluso de tener ese permiso. Además, rebaja el plazo para reclamar el dinero. En la próxima burbuja, los consumidores no tendrán el sistema de protección de los años sesenta.

Fuente: El Confidencial

Bankia devuelve en tres semanas 358 millones de euros a 76.443 accionistas por la salida a Bolsa

Hazte bankero

  • Más de 125.415 accionistas han reclamado su inversión en la salida a Bolsa, según ha asegurado el presidente de Bankia en la Junta de Accionistas.
  • Se ha aprobado el segundo dividendo de la historia de la entidad, por importe de 302 millones de euros, con cargo a los beneficios de 2015.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha desvelado este martes que «en apenas tres semanas» más de 125.415 accionistas han reclamado su inversión en la salida a Bolsa de la entidad y 76.443 (un 61% del total) ya han recuperado 358 millones. A juicio del banquero, estas cifras muestran el grado de satisfacción en los pequeños inversores de la oferta de Bankia y la capacidad de respuesta y velocidad de los equipos de la entidad.

En su intervención, Goirigolzarri ha invitado a los pequeños inversores a ir a las oficinas para «entender bien el proceso» de la oferta de Bankia, el nominal y un interés compensatorio del 1% anual, ya que le consta que ha habido «mensajes confusos que no responden a la realidad», y ha insistido en que se trata de un proceso «gratuito, transparente» y con abono inmediato del importe.

El proceso se inició el pasado jueves 18 de febrero y solo en la primera semana se recibieron 83.385 solicitudes de accionistas. La entidad estima que 200.000 personas pedirán la devolución (incluidos los que las han vendido) y se abonarán unos 1.500 millones.

La entidad reservó 1.840 millones en las cuentas de 2015 para hacer frente a estas devoluciones, ante el número de demandas judiciales y su consideración por parte de los tribunales en más de un 90%. Pero fue una sentencia del Tribunal Supremo la que decidió a Bankia a devolver el dinero a todos los pequeños accionistas —no a los institucionales— por la jurisprudencia que suponía la decisión del Alto Tribunal.

Goirigolzarri se ha dirigido este martes a los abogados que representan a los pequeños accionistas para que «de acuerdo con los principios deontológicos exigibles» informen a sus clientes de la alternativa propuesta por la entidad, y ha recordado que ya se ha llegado a acuerdos sobre unos 10.000 casos.

Fuente: 20minutos

 

[button link=»http://www.bufetealaminos.com/devolucion-de-acciones-salida-a-bolsa-de-bankia/»]Devolución de acciones salida a Bolsa de Bankia[/button]

Tribunal Supremo confirma que la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa

ratobrindaporbankia[1]

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado dos sentencias de audiencias provinciales que devolvían el dinero invertido en Bankia a dos accionistas. El motivo es que existían «graves inexactitudes» en el folleto de salida a bolsa de Bankia.

Es decir, como ya sabe todo el mundo, la salida a bolsa de Bankia fue una estafa. Se hizo con información que no representaba fielmente cómo estaba la entidad y los tribunales por fin dan la razón a los estafados.

La historia de una estafa anunciada

La salida a bolsa de Bankia olía muy mal. Y se confirmó, arruinando a muchos pequeños ahorradores. Ahora los Tribunales dan la razón a estos, después de un proceso largo.

Las causas judiciales de Bankia no cesarán, aunque poco le afectará a sus cuentas. Ahora está saneado (debido al rescate financiero a España) y tienen provisionados 1.800 millones de euros para tapar el agujero judicial.

Ahora bien, lo grave del asunto es que en esta salida a bolsa hay muchos responsables. Bankia por un lado pero por otro la CNMV y el Banco de España por hacer la vista gorda. Era más sencillo timar a ahorradores que reconocer que la entidad estaba en quiebra.

Apuntemos en nuestros calendarios el 20 de julio de 2011 como una fecha fatídica en la historia de España, la fecha en la que todo el mundo miró a otro lado a costa de pequeños ahorradores.

 

Fuente: El Blog salmón

Una empresa riojana recupera 258.357 euros «atrapados» en swaps de Bankia

ratobrindaporbankia[1]

Una empresa de calzado riojana de Arnedo ha logrado recuperar 258.357 euros «atrapados» en el producto bancario swaps, al demostrarse, según una sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, que Caja Rioja, actualmente integrada en Bankia, no facilitó una información suficiente y clara.

Esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que declara nulos seis «swaps» o permuta financiera contratados por esa empresa en 2007 y 2009.

Los «swaps» comercializados a esta empresa de calzado eran «unos falsos seguros» que teóricamente protegían a su cliente contra las subidas de tipos de interés, pero que, «en realidad, era complejos productos financieros que han acarreado ingentes pérdidas a quienes los contrataron».

En este procedimiento, ha indicado, se ha detectado que «la entidad financiera no explicó correctamente al cliente el funcionamiento del producto, sobre todo, en lo que se refiere a que puede acarrear liquidaciones negativas y que la cancelación del mismo supone un coste adicional».

La sentencia constata un «error vicio del consentimiento», dado que la empresa arnedana tomó la decisión de contratar el «swap» sobre una información que era inexacta.

Este fallo judicial de la Audiencia Provincial, del pasado mes de junio, ratifica la sentencia de diciembre de 2013 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Calahorra, que declaró la nulidad de los tres contratos de cobertura de interés de julio de 2007 y de los otros tres de julio de 2009 suscrito por la empresa y Caja Rioja, obligando a las partes a restituirse recíprocamente las cantidades entregadas en virtud de ese contrato.

Esta empresa sufrió un incendio fortuito durante el proceso de reclamación sobre los «swaps», por lo que la devolución del importe ha supuesto una importante ayuda para la reconstrucción y nueva puesta en marcha de esta industria, que da empleo a 80 empleados.

Son «cientos» las empresas españolas que se han visto afectadas por «esta mala práctica bancaria» de los «swaps». En su mayoría, los «swaps» fueron «colocados» por los empleados de las sucursales bancarias en los que los afectados habían depositado su confianza, «saltándose estas el deber de información y asesoramiento a sus clientes, a los que no les explicaron con claridad la complejidad de estos productos».

Fuente: EFE

Página 1 de 4

Funciona con WordPress & Tema de Anders Norén